A un mes del asesinato del policía Juan Pablo Roldán, se puso una placa conmemorativa en su honor frente al MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). Estuvieron presentes familiares, amigos, integrantes de las fuerzas de seguridad y autoridades políticas, como Sabina Frederic y Diego Santilli, ministros de Seguridad de Nación y Ciudad respectivamente.
Luis Chocobar, el policía que mató a un joven que había asaltado y apuñalado a un turista de los Estados Unidos en 2017, comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral de Menores N° 2. "Cumplí con la ley", declaró en la primera audiencia del juicio oral.
Según informó Télam, tras el primer día de debate por videoconferencia, el abogado del oficial de la Bonaerense, Fernando Soto, habló con la prensa y explicó que su cliente no quiso hacer declaraciones. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 21 de octubre.
El 8 de diciembre de 2017 un fotógrafo estadounidense visitaba el paseo Caminito, en el barrio de La Boca, cuando dos asaltantes, entre los que se encontraba Juan Pablo Kukoc, lo interceptaron y le robaron su cámara.
Luis Chocobar, de civil, persiguió a los jóvenes y les disparó con su arma. Una de las balas alcanzó a Kukoc, que cayó abatido en medio de la calle. El segundo impacto fue cuando se encontraba en el piso.
El asesinato del policía Juan Pablo Roldán volvió a despertar el debate por las pistolas Taser. En Twitter se viralizó una entrevista de Ernesto Tenembaum con Mauricio Macri de hace 10 años y se cuestionó si estas armas no letales podrían haber ayudado a evitar la muerte del oficial.
En aquella entrevista, el expresidente Mauricio Macri había comenzado a proponer el uso de este tipo de armas con el exacto ejemplo de un policía siendo atacado con alguien armado con un cuchillo.
"Lo más peligroso, cuando entrenás un policía, es darle un arma que dispara balas porque si él se equivoca disparando una bala, mata y no hay más oportunidad", dijo Macri en la entrevista que hoy alcanzó niveles virales.
Para mayo de 2019, las pistolas Taser ordenadas por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no habían llegado (y aún no lo habrían hecho). Mientras tanto, el actual gobierno derogó el protocolo para el uso por la Policía Federal en lugares públicos.
