El "Frente antigruas" pide auditar el servicio de acarreo porteño

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires llamará a una nueva licitación para el servicio de acarreo por mal estacionamiento. La concesión del sistema operaba vencida desde 2001.

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A raíz de la presión opositora nucleada en el "frente antigrúas", el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) resolvió tomar el control del servicio de acarreo a través de la empresa de participación estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). 

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la decisión luego de que legisladores opositores expusieran irregularidades en torno a la prestación del servicio por las empresas DAKOTA y BRD, que operaban con la licitación vencida hacía más de 20 años.

Durante una conferencia de prensa convocada por el Frente de Todos (FdT) en la legislatura porteña, el diputado por CABA Matías Barroetaveña destacó el consenso político de la oposición y cuestionó al oficialismo porteño.

"Hemos logrado un éxito a favor del bolsillo de los vecinos al terminar con una concesión que llevaba 21 años sin contrato, por la cual las empresas que levantan los autos de la ciudad pagaban un canon irrisorio de 55 mil pesos por mes, mientras que recaudaban mas de 600 millones de pesos por año", explicó el legislador a IP Noticias.

La concesión de las empresas de acarreo por mal estacionamiento había iniciado en 1990 y vencido en 2001. Sin embargo, para 2014 la recaudación del servicio seguía en manos de esas compañías, que ese año lograron congelar el canon mensual vigente hasta julio de 2022.

"El gobierno de la ciudad no quería terminar con esta concesión y alegó durante 15 años que era imposible por razones de seguridad jurídica, derechos adquiridos y diferentes motivos", advirtió Barroetaveña.

Y agregó: "Nosotros logramos juntar el quórum haciendo política, reuniendo desde los libertarios a la izquierda y la Coalición Cívica, y el Jefe de gobierno terminó con la concesión en 24 horas. Eso demostró que lo podría haber hecho antes, y que estas empresas se llevaron recursos que son de los vecinos".

El arco opositor pidió, además, la creación de un mecanismo de auditoría para "cumplir con el debido control y propiciar la transparencia en la gestión del servicio de acarreo de vehículos".

La versión de la Coalición Cívica porteña

Según trascendió, la decisión que tomó el jefe de Gobierno porteño se habría debido a un "llamado" que le hizo la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió. Este 18 de agosto, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires levantó la sesión especial que impulsó el "Frente Anti-Grúas" ante la falta de quórum para tratar el tema. 

Días atrás, la propia Carrió confirmó que su espacio votaría a favor de la suspensión del servicio y pidió a sus legisladores que "rechacen la continuidad de ese negocio oscuro". Sin embargo, por la fuerte presión política y mediática, en medio de la interna en Juntos por el Cambio que despertó Carrió, la convocatoria a la sesión finalmente no se concreto.

"La sesión se cayó por falta de quórum. La Coalición Cívica planteó que debíamos terminar con este sistema. Hace tiempo venimos conversando sobre las grúas, a través de auditorias e informes y estamos contentos de haber suspendido el contrato con las empresas", señaló el legislador por la CC, Hernán Reyes, en diálogo con IP Noticias. 

El referente del espacio que lidera Carrió a nivel nacional sostuvo que "hay varias leyes sobre el tema que fueron amparadas por vecinos, empresas y legisladores" y que "como es un servicio público de importancia, en el afán de seguir prestándolo, había prórrogas". 

"55.000 mil pesos que recibía de canon el gobierno porteño es algo totalmente desactualizado. Con la nueva ley establecemos que las grúas se muevan por toda la ciudad, ampliar la cantidad de playas de acarreo y cambiar la dinámica, que ya no sea una concesión de cuántos más acarreos más recaudación", sostuvo.

AUSA prestará el servicio hasta una nueva licitación

El acarreo de vehículos en CABA será operado por la empresa AUSA hasta el llamado a una nueva licitación por parte del gobierno porteño. Según explicó Barroetaveña, el presupuesto previsto para la próxima concesión es de 55 mil millones de pesos.

Por otra parte, el legislador del FdT planteó que el "escándalo" denunciado por el frente antigrúas "no es el único en la ciudad" y que otras concesiones también funcionan irregularmente.

"Tenemos que cambiar el paradigma. Hay que discutir cómo estos sistemas tienen que servir para ordenar el transito y mejorar la vida de los vecinos, y no para que sean un sistema recaudatorio para unos vivos que tenían la concesión vencida", planteó.

El diputado opositor defendió la regularización del servicio a través de AUSA y señaló que traerá "dos ventajas" para los vecinos: "Los ingresos que se paguen por el acarreo van a entrar al presupuesto público, que es el presupuesto de todos, con lo cual los vecinos lo vamos a recibir en otros servicios estatales", planteó.

Por otra parte, consideró que "lo que se está planteando es que no sea un sistema donde ponen señalética confusa y te hacen trampa para llevarse autos en situaciones dudosas".

El "Frente antigruas" pide auditar el servicio de acarreo porteño

A raíz de la presión opositora nucleada en el "frente antigrúas", el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) resolvió tomar el control del servicio de acarreo a través de la empresa de participación estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). 

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la decisión luego de que legisladores opositores expusieran irregularidades en torno a la prestación del servicio por las empresas DAKOTA y BRD, que operaban con la licitación vencida hacía más de 20 años.

Durante una conferencia de prensa convocada por el Frente de Todos (FdT) en la legislatura porteña, el diputado por CABA Matías Barroetaveña destacó el consenso político de la oposición y cuestionó al oficialismo porteño.

"Hemos logrado un éxito a favor del bolsillo de los vecinos al terminar con una concesión que llevaba 21 años sin contrato, por la cual las empresas que levantan los autos de la ciudad pagaban un canon irrisorio de 55 mil pesos por mes, mientras que recaudaban mas de 600 millones de pesos por año", explicó el legislador a IP Noticias.

La concesión de las empresas de acarreo por mal estacionamiento había iniciado en 1990 y vencido en 2001. Sin embargo, para 2014 la recaudación del servicio seguía en manos de esas compañías, que ese año lograron congelar el canon mensual vigente hasta julio de 2022.

"El gobierno de la ciudad no quería terminar con esta concesión y alegó durante 15 años que era imposible por razones de seguridad jurídica, derechos adquiridos y diferentes motivos", advirtió Barroetaveña.

Y agregó: "Nosotros logramos juntar el quórum haciendo política, reuniendo desde los libertarios a la izquierda y la Coalición Cívica, y el Jefe de gobierno terminó con la concesión en 24 horas. Eso demostró que lo podría haber hecho antes, y que estas empresas se llevaron recursos que son de los vecinos".

El arco opositor pidió, además, la creación de un mecanismo de auditoría para "cumplir con el debido control y propiciar la transparencia en la gestión del servicio de acarreo de vehículos".

La versión de la Coalición Cívica porteña

Según trascendió, la decisión que tomó el jefe de Gobierno porteño se habría debido a un "llamado" que le hizo la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió. Este 18 de agosto, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires levantó la sesión especial que impulsó el "Frente Anti-Grúas" ante la falta de quórum para tratar el tema. 

Días atrás, la propia Carrió confirmó que su espacio votaría a favor de la suspensión del servicio y pidió a sus legisladores que "rechacen la continuidad de ese negocio oscuro". Sin embargo, por la fuerte presión política y mediática, en medio de la interna en Juntos por el Cambio que despertó Carrió, la convocatoria a la sesión finalmente no se concreto.

"La sesión se cayó por falta de quórum. La Coalición Cívica planteó que debíamos terminar con este sistema. Hace tiempo venimos conversando sobre las grúas, a través de auditorias e informes y estamos contentos de haber suspendido el contrato con las empresas", señaló el legislador por la CC, Hernán Reyes, en diálogo con IP Noticias. 

El referente del espacio que lidera Carrió a nivel nacional sostuvo que "hay varias leyes sobre el tema que fueron amparadas por vecinos, empresas y legisladores" y que "como es un servicio público de importancia, en el afán de seguir prestándolo, había prórrogas". 

"55.000 mil pesos que recibía de canon el gobierno porteño es algo totalmente desactualizado. Con la nueva ley establecemos que las grúas se muevan por toda la ciudad, ampliar la cantidad de playas de acarreo y cambiar la dinámica, que ya no sea una concesión de cuántos más acarreos más recaudación", sostuvo.

AUSA prestará el servicio hasta una nueva licitación

El acarreo de vehículos en CABA será operado por la empresa AUSA hasta el llamado a una nueva licitación por parte del gobierno porteño. Según explicó Barroetaveña, el presupuesto previsto para la próxima concesión es de 55 mil millones de pesos.

Por otra parte, el legislador del FdT planteó que el "escándalo" denunciado por el frente antigrúas "no es el único en la ciudad" y que otras concesiones también funcionan irregularmente.

"Tenemos que cambiar el paradigma. Hay que discutir cómo estos sistemas tienen que servir para ordenar el transito y mejorar la vida de los vecinos, y no para que sean un sistema recaudatorio para unos vivos que tenían la concesión vencida", planteó.

El diputado opositor defendió la regularización del servicio a través de AUSA y señaló que traerá "dos ventajas" para los vecinos: "Los ingresos que se paguen por el acarreo van a entrar al presupuesto público, que es el presupuesto de todos, con lo cual los vecinos lo vamos a recibir en otros servicios estatales", planteó.

Por otra parte, consideró que "lo que se está planteando es que no sea un sistema donde ponen señalética confusa y te hacen trampa para llevarse autos en situaciones dudosas".

A raíz de la presión opositora nucleada en el "frente antigrúas", el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) resolvió tomar el control del servicio de acarreo a través de la empresa de participación estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). 

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la decisión luego de que legisladores opositores expusieran irregularidades en torno a la prestación del servicio por las empresas DAKOTA y BRD, que operaban con la licitación vencida hacía más de 20 años.

Durante una conferencia de prensa convocada por el Frente de Todos (FdT) en la legislatura porteña, el diputado por CABA Matías Barroetaveña destacó el consenso político de la oposición y cuestionó al oficialismo porteño.

"Hemos logrado un éxito a favor del bolsillo de los vecinos al terminar con una concesión que llevaba 21 años sin contrato, por la cual las empresas que levantan los autos de la ciudad pagaban un canon irrisorio de 55 mil pesos por mes, mientras que recaudaban mas de 600 millones de pesos por año", explicó el legislador a IP Noticias.

La concesión de las empresas de acarreo por mal estacionamiento había iniciado en 1990 y vencido en 2001. Sin embargo, para 2014 la recaudación del servicio seguía en manos de esas compañías, que ese año lograron congelar el canon mensual vigente hasta julio de 2022.

"El gobierno de la ciudad no quería terminar con esta concesión y alegó durante 15 años que era imposible por razones de seguridad jurídica, derechos adquiridos y diferentes motivos", advirtió Barroetaveña.

Y agregó: "Nosotros logramos juntar el quórum haciendo política, reuniendo desde los libertarios a la izquierda y la Coalición Cívica, y el Jefe de gobierno terminó con la concesión en 24 horas. Eso demostró que lo podría haber hecho antes, y que estas empresas se llevaron recursos que son de los vecinos".

El arco opositor pidió, además, la creación de un mecanismo de auditoría para "cumplir con el debido control y propiciar la transparencia en la gestión del servicio de acarreo de vehículos".

La versión de la Coalición Cívica porteña

Según trascendió, la decisión que tomó el jefe de Gobierno porteño se habría debido a un "llamado" que le hizo la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió. Este 18 de agosto, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires levantó la sesión especial que impulsó el "Frente Anti-Grúas" ante la falta de quórum para tratar el tema. 

Días atrás, la propia Carrió confirmó que su espacio votaría a favor de la suspensión del servicio y pidió a sus legisladores que "rechacen la continuidad de ese negocio oscuro". Sin embargo, por la fuerte presión política y mediática, en medio de la interna en Juntos por el Cambio que despertó Carrió, la convocatoria a la sesión finalmente no se concreto.

"La sesión se cayó por falta de quórum. La Coalición Cívica planteó que debíamos terminar con este sistema. Hace tiempo venimos conversando sobre las grúas, a través de auditorias e informes y estamos contentos de haber suspendido el contrato con las empresas", señaló el legislador por la CC, Hernán Reyes, en diálogo con IP Noticias. 

El referente del espacio que lidera Carrió a nivel nacional sostuvo que "hay varias leyes sobre el tema que fueron amparadas por vecinos, empresas y legisladores" y que "como es un servicio público de importancia, en el afán de seguir prestándolo, había prórrogas". 

"55.000 mil pesos que recibía de canon el gobierno porteño es algo totalmente desactualizado. Con la nueva ley establecemos que las grúas se muevan por toda la ciudad, ampliar la cantidad de playas de acarreo y cambiar la dinámica, que ya no sea una concesión de cuántos más acarreos más recaudación", sostuvo.

AUSA prestará el servicio hasta una nueva licitación

El acarreo de vehículos en CABA será operado por la empresa AUSA hasta el llamado a una nueva licitación por parte del gobierno porteño. Según explicó Barroetaveña, el presupuesto previsto para la próxima concesión es de 55 mil millones de pesos.

Por otra parte, el legislador del FdT planteó que el "escándalo" denunciado por el frente antigrúas "no es el único en la ciudad" y que otras concesiones también funcionan irregularmente.

"Tenemos que cambiar el paradigma. Hay que discutir cómo estos sistemas tienen que servir para ordenar el transito y mejorar la vida de los vecinos, y no para que sean un sistema recaudatorio para unos vivos que tenían la concesión vencida", planteó.

El diputado opositor defendió la regularización del servicio a través de AUSA y señaló que traerá "dos ventajas" para los vecinos: "Los ingresos que se paguen por el acarreo van a entrar al presupuesto público, que es el presupuesto de todos, con lo cual los vecinos lo vamos a recibir en otros servicios estatales", planteó.

Por otra parte, consideró que "lo que se está planteando es que no sea un sistema donde ponen señalética confusa y te hacen trampa para llevarse autos en situaciones dudosas".

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