Argentina tendrá que pagar entre 4.920 y 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF

El Estado solicitó pagar el mínimo en el juicio por daños que llevan adelante los fondos buitres Eton Park y Buford, en Nueva York.

El Gobierno nacional envió un escrito a la Justicia norteamericana solicitando el pago mínimo de 4.920 millones de dólares por la expropiación de YPF.

El pedido formal fue realizado en el marco del juicio por resarcimiento a privados que llevan adelante los fondos buitres Eton Park y Buford, desde Nueva York. 

En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández, se anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la compañía española Repsol, volviendo a pasar a ser una empresa de mayoría estatal.

El juicio

El proceso judicial por resarcimiento fue iniciado por el Grupo Petersen que tenía un 25% de las acciones de la petrolera al momento de la expropiación.

Sin embargo, el juicio fue vendido a los fondos de inversión Eton Park y Buford conocidos como "fondos buitres" que nunca formaron parte de la empresa pero buscan cobrar la indemnización. 

En este marco, el Gobierno presentó un escrito en el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York donde la jueza Loretta Preska falló a favor de los buitres y será la que defina el monto que Argentina debe pagar que puede llegar hasta 16.000 millones de dólares. 

El país está representado legalmente por el grupo de abogados Sullivan & Cromwell LLT, quienes ya cuentan con el escrito y podrán apelar la sentencia luego de que se conozca el monto ordenado en el fallo. 

Los detalles del proceso judicial

El juicio ya cumplió 8 años y se determinó como uno de los más costosos que afronta el Estado nacional. 

Uno de los puntos a definir es el monto que la jueza fijará respecto al interés acumulado por los años demorados en pagar la indemnización.

Por otro lado, el Gobierno argumentó que la fecha de toma de control de la petrolera fue el 7 de mayo de 2012, mientras que los fondos buitres afirman que lo hizo el 16 de abril de ese año, cuando la iniciativa fue girada al Congreso. Este detalle temporal es relevante debido a que existe una diferencia de 3 mil millones de dólares entre una fecha y otra.