México: consulta popular no será vinculante

Con el 97.5 por ciento de las actas computadas, el 97.7 por ciento de los participantes respondió que “Sí” en las boletas de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes por delitos contra el Estado, celebrada el domingo en México, según datos oficiales. En el sitio web del Instituto Nacional Electoral (INE) se detalla que tras el cómputo de 55.652 mesas (el 97.5% de las instaladas), 6.357.350 personas (97.7%) apoyaron el “sí”, mientras que 99.550 (1.50%) se inclinaron por el “no”. El resto son boletas nulas.

La participación fue de entre el 7.07% y 7.74% de los 93.6 millones de personas habilitadas para votar. Para que el resultado de la consulta popular fuera vinculante para las autoridades, de acuerdo con la ley respectiva, se necesitaba que participara el 40 por ciento de la lista nominal. Es decir, 37.411.389 ciudadanos.

La pregunta formal de la consulta fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Los resultados oficiales obtenidos luego de los cómputos distritales serán entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine los efectos constitucionales.

La consulta popular fue considerada exitosa

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, calificó como “exitosa” la consulta popular 2021 celebrada el domingo. “Nuestro país vivió hoy el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia, hoy, millones de mexicanos y mexicanas pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana".

 

Con el 97.5 por ciento de las actas computadas, el 97.7 por ciento de los participantes respondió que “Sí” en las boletas de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes por delitos contra el Estado, celebrada el domingo en México, según datos oficiales. En el sitio web del Instituto Nacional Electoral (INE) se detalla que tras el cómputo de 55.652 mesas (el 97.5% de las instaladas), 6.357.350 personas (97.7%) apoyaron el “sí”, mientras que 99.550 (1.50%) se inclinaron por el “no”. El resto son boletas nulas.

La participación fue de entre el 7.07% y 7.74% de los 93.6 millones de personas habilitadas para votar. Para que el resultado de la consulta popular fuera vinculante para las autoridades, de acuerdo con la ley respectiva, se necesitaba que participara el 40 por ciento de la lista nominal. Es decir, 37.411.389 ciudadanos.

La pregunta formal de la consulta fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Los resultados oficiales obtenidos luego de los cómputos distritales serán entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine los efectos constitucionales.

La consulta popular fue considerada exitosa

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, calificó como “exitosa” la consulta popular 2021 celebrada el domingo. “Nuestro país vivió hoy el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia, hoy, millones de mexicanos y mexicanas pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana".

 

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¿Por qué exigen un referéndum en Uruguay?

Activistas uruguayos consiguieron más de 800 mil firmas para cuestionar la Ley de Urgente Consideración (LUC) impuesta por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La normativa reformó varios puntos del Código Civil y Penal del país, lo que produjo una fuerte reacción por parte de la oposición. IP Noticias se comunicó con Alexandra Lizbona Cohen, politóloga uruguaya, para entender la problemática que dio pie al referéndum.

"Esto fue una hazaña para el movimiento social, el movimiento de Izquierda, el movimiento Sindical y la fuerza política Frente Amplio que se unieron a través de una convicción pro referéndum", señaló la especialista y apuntó que es la primera vez que el movimiento junta tanta convocatoria. Cohen también explicó que el gobierno de Lacalle Pou es una coalición compuesto de muchos partidos mayoritarios, lo cual genera que la tendencia tenga la mayoría parlamentaria en casi todos los casos. "Es la primera vez desde que asumió el gobierno de Lacalle Pou que va a estar en una defensiva y esta vez la oposición, el Frente Amplio, va a estar a la ofensiva", comentó.

¿Qué dice la Ley de Urgente Consideración?

La alianza gobernante de Uruguay (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y dela Gente más Cabildo Abierto) firmó un acuerdo que alertó a la mayoría de la población. Los puntos que más oposición encuentran son:

  • La flexibilización del uso de la fuerza policial.
  • La regulación del derecho a la huelga.
  • Declaración de ilegitimidad a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios".
  • Ampliación de la imputabilidad para penas mínimas y máximas en menores de edad.
  • Se extiende el concepto de legítima defensa a un bien material.
  • Se extiende de 2 a 4 horas el plazo de la Policía para informar a la Fiscalía sobre la detención de una persona.
  • Se le otorga a Policías y personal militar la potestad de registrar personas y autos en "procedimientos preventivos rutinarios".
  • Elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia.
  • Reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.

Podés ver IP Noticias primera edición, conducido por Alejandra Martínez y Ariel Aleart, de lunes a viernes de 7 a 9.

Activistas uruguayos consiguieron más de 800 mil firmas para cuestionar la Ley de Urgente Consideración (LUC) impuesta por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La normativa reformó varios puntos del Código Civil y Penal del país, lo que produjo una fuerte reacción por parte de la oposición. IP Noticias se comunicó con Alexandra Lizbona Cohen, politóloga uruguaya, para entender la problemática que dio pie al referéndum.

"Esto fue una hazaña para el movimiento social, el movimiento de Izquierda, el movimiento Sindical y la fuerza política Frente Amplio que se unieron a través de una convicción pro referéndum", señaló la especialista y apuntó que es la primera vez que el movimiento junta tanta convocatoria. Cohen también explicó que el gobierno de Lacalle Pou es una coalición compuesto de muchos partidos mayoritarios, lo cual genera que la tendencia tenga la mayoría parlamentaria en casi todos los casos. "Es la primera vez desde que asumió el gobierno de Lacalle Pou que va a estar en una defensiva y esta vez la oposición, el Frente Amplio, va a estar a la ofensiva", comentó.

¿Qué dice la Ley de Urgente Consideración?

La alianza gobernante de Uruguay (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y dela Gente más Cabildo Abierto) firmó un acuerdo que alertó a la mayoría de la población. Los puntos que más oposición encuentran son:

  • La flexibilización del uso de la fuerza policial.
  • La regulación del derecho a la huelga.
  • Declaración de ilegitimidad a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios".
  • Ampliación de la imputabilidad para penas mínimas y máximas en menores de edad.
  • Se extiende el concepto de legítima defensa a un bien material.
  • Se extiende de 2 a 4 horas el plazo de la Policía para informar a la Fiscalía sobre la detención de una persona.
  • Se le otorga a Policías y personal militar la potestad de registrar personas y autos en "procedimientos preventivos rutinarios".
  • Elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia.
  • Reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.

Podés ver IP Noticias primera edición, conducido por Alejandra Martínez y Ariel Aleart, de lunes a viernes de 7 a 9.

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Uruguay: habrá referéndum sobre ley LUC

Un conjunto opositor de organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas consiguió y superó la cantidad de firmas necesarias -un 25% del padrón electoral, según establece la Constitución- para pedir un referéndum de aprobación o rechazo sobre la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), núcleo legislativo de la gestión de gobierno del presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. Decenas de cajas azules con las planillas de firmas fueron llevadas en auto, camionetas y camiones, por la emblemática avenida 18 de Julio, desde el barrio Cordón -donde está la sede de la central sindical- hasta la Ciudad Vieja, donde está la Corte. En las calles hubo clima de fiesta de parte de los militantes.

Según consigna la agencia Télam, el total de firmas conseguidas fue 797.261 informó Fernando Pereira, presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. "Ahora viene el objetivo mayor, que es la derogación de los 135 artículos”, dijo el líder sindical. La Comisión Pro-Referendo busca invalidad esa cantidad de artículos de los 476 que integran la ley aprobada el 8 de julio, con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).

La Corte ahora deberá validar las firmas para que se acceda a la consulta. El presidente Lacalle Pou afirmó que "cuando la Corte (Electoral) verifique si se llegó” a la cifra exigida hará “los análisis políticos". "Hoy tenemos la palabra de quienes propiciaron este recurso. De llegarse, daremos el debate. Nos han escuchado en campaña electoral, durante el principio del gobierno, difundir las ideas, el documento, el anteproyecto y después la ley", agregó Lacalle Pou, quien insistió en que la LUC “es una buena ley, y por eso la impulsamos”.

De qué se trata la ley LUC

Entre sus principales puntos, la ley habilita la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, amplía las potestades policiales en investigaciones judiciales y permite comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares —algo criticado por prestarse al lavado de activos—, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos y que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes (antes había un año de tolerancia), y consagró una estricta confidencialidad en los documentos de Estado. Además, eleva las penas de varios delitos, prohíbe excarcelaciones por delitos de drogas y elimina las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según nuevos parámetros, que generaron dos aumentos en el precio de los combustibles en un mes. 

 



 

Un conjunto opositor de organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas consiguió y superó la cantidad de firmas necesarias -un 25% del padrón electoral, según establece la Constitución- para pedir un referéndum de aprobación o rechazo sobre la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), núcleo legislativo de la gestión de gobierno del presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. Decenas de cajas azules con las planillas de firmas fueron llevadas en auto, camionetas y camiones, por la emblemática avenida 18 de Julio, desde el barrio Cordón -donde está la sede de la central sindical- hasta la Ciudad Vieja, donde está la Corte. En las calles hubo clima de fiesta de parte de los militantes.

Según consigna la agencia Télam, el total de firmas conseguidas fue 797.261 informó Fernando Pereira, presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. "Ahora viene el objetivo mayor, que es la derogación de los 135 artículos”, dijo el líder sindical. La Comisión Pro-Referendo busca invalidad esa cantidad de artículos de los 476 que integran la ley aprobada el 8 de julio, con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).

La Corte ahora deberá validar las firmas para que se acceda a la consulta. El presidente Lacalle Pou afirmó que "cuando la Corte (Electoral) verifique si se llegó” a la cifra exigida hará “los análisis políticos". "Hoy tenemos la palabra de quienes propiciaron este recurso. De llegarse, daremos el debate. Nos han escuchado en campaña electoral, durante el principio del gobierno, difundir las ideas, el documento, el anteproyecto y después la ley", agregó Lacalle Pou, quien insistió en que la LUC “es una buena ley, y por eso la impulsamos”.

De qué se trata la ley LUC

Entre sus principales puntos, la ley habilita la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, amplía las potestades policiales en investigaciones judiciales y permite comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares —algo criticado por prestarse al lavado de activos—, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos y que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes (antes había un año de tolerancia), y consagró una estricta confidencialidad en los documentos de Estado. Además, eleva las penas de varios delitos, prohíbe excarcelaciones por delitos de drogas y elimina las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según nuevos parámetros, que generaron dos aumentos en el precio de los combustibles en un mes. 

 



 

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Multitudinarias marchas en Chile, a un año del "Estallido Social"

Miles de manifestantes se movilizaron este domingo en Plaza Italia, en el centro de Santiago de Chile, al cumplirse el primer aniversario del "Estallido Social", una serie de protestas y asambleas populares que exigieron reformas políticas y sociales al gobierno chileno de Sebastián Piñera.

Bajo la convocatoria #18O, y con la mira puesta en lo que será la consulta popular sobre la reforma de la Constitución Nacional del próximo 25 de octubre, se desarrolló esta tarde una marcha pacífica en lo que los manifestantes apodaron "Plaza Dignidad".

Pasado el mediodía se registraron ataques e incendios a dos iglesias realizados por un grupo de encapuchados.

El plebiscito del 25 de octubre

El próximo domingo habrá un referéndum para decidir si se reforma o no la Constitución Nacional de 1980, una herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Los protagonistas del "Estallido Social" entienden que alcanzar una reforma de la Carta Magna es central.

"Apruebo" vs. "Rechazo" es la discusión que atraviesa a Chile estas semanas.

Miles de manifestantes se movilizaron este domingo en Plaza Italia, en el centro de Santiago de Chile, al cumplirse el primer aniversario del "Estallido Social", una serie de protestas y asambleas populares que exigieron reformas políticas y sociales al gobierno chileno de Sebastián Piñera.

Bajo la convocatoria #18O, y con la mira puesta en lo que será la consulta popular sobre la reforma de la Constitución Nacional del próximo 25 de octubre, se desarrolló esta tarde una marcha pacífica en lo que los manifestantes apodaron "Plaza Dignidad".

Pasado el mediodía se registraron ataques e incendios a dos iglesias realizados por un grupo de encapuchados.

El plebiscito del 25 de octubre

El próximo domingo habrá un referéndum para decidir si se reforma o no la Constitución Nacional de 1980, una herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Los protagonistas del "Estallido Social" entienden que alcanzar una reforma de la Carta Magna es central.

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