A 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

Más de 30 militantes de distintas organizaciones sociales fueron heridos en esa jornada.

Se cumplen 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en manos de la Policía Bonaerense durante la manifestación del 26 de junio de 2002 en Avellaneda. El hecho marcó un antes y un después en la vida política y social del país. 

Aquella jornada de lucha en la que la Policía disparó balas de plomo a los manifestantes que pedían trabajo, en el marco de la crisis del 2001 se llamó "la masacre de Avellaneda" y obligó al presidente interino, Eduardo Duhalde, a adelantar las elecciones. 

El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

El 26 de junio de 2002, organizaciones sociales y piqueteras concentraron en la estación Avellaneda para subir al Puente Pueyrredón y movilizar hacia Plaza de Mayo. Los carros hidrantes y un gran cordón policial esperaban del otro. La crisis económica y social ya había estallado: Fernando de la Rúa abandonó la presidencia en un helicóptero y el presidente interino, Eduardo Duhalde, intentaba recomponer la institucionalidad a base de represión.

Entre los manifestantes se encontraban Darío Santillán, referente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, y Maximiliano Kosteki, un joven militante del naciente Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica.

Cuando los manifestantes intentaron avanzar se desató una fuerte represión que incluyeron disparos con balas de plomo por parte de la Policía. Las organizaciones sociales intentaron trabar el despliegue policial para que los militantes pudieran alejarse del lugar y ponerse a salvo.

Maximiliano Kosteki fue herido de bala a las fueras de la estación de tren Avellaneda. Al lugar llegó Darío Santillán, que se hizo cargo de asistirlo y de acompañarlo hasta que llegara la ambulancia. Pero, poco después, la Policía lo obligó a retirarse a punta de pistolas. Cuando Santillán se paró y se puso de espaldas para irse, le dispararon a quemarropa. 

La masacre de Avellaneda 

Aquella jornada de lucha en la Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados se llamó "la masacre de Avellaneda". En total, más de 30 militantes de distintas organizaciones sociales fueron heridos. También hubo varios autoconvocados heridos.

Las balas de plomo concluyeron en heridas vitales para muchos de los heridos, como el pecho o la cabeza por lo que debieron permanecer internados en terapia intensiva durante días e incluso semanas. Además, desde la CTD Aníbal Verón denunciaron que dos de sus piqueteros detenidos sufrieron torturas en la comisaría primera de Avellaneda.

Los responsables podrían salir en libertad

A 20 años de los asesinatos, familiares, amigos, abogados, partidos de izquierda, organizaciones piqueteras y organismos de derechos humanos denunciaron que "quieren liberar a los expolicías asesinos". 

El 9 de enero de 2006, tres años y medio después de los crímenes, los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”.

Los abogados querellantes de los militantes muertos y de los heridos reclamarán ante el Juzgado de Ejecución Penal N.º 3 de Lomas de Zamora “ser notificados y tenidos en cuenta” en el incidente que se abrió por el pedido libertad condicional, solicitado en los últimos días por las defensas de los asesinos.

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Moreno: la Policía desalojó la feria de Las Flores

La Policía Bonaerense desalojó a los puesteros de la feria de Las Flores, en el partido de Moreno. Varios de los feriantes se resistieron y se produjeron incidentes.
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INCAA: ¿qué reclaman los trabajadores del cine?

Trabajadores del cine se concentraron frente al INCAA para pedir la renuncia del director de la entidad, Luis Puenzo. La manifestación fue reprimida por la policía porteña.
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INCAA: fuerte represión a trabajadores del cine

La Policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores del cine y del INCAA que se manifestaban para pedir la renuncia del director del Instituto Nacional de Cine, Luis Puenzo.
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A 20 años del estallido de 2001: los hijos de quienes murieron en Plaza de Mayo

El 19 y 20 de diciembre del 2001 se desató la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa. Se decretó el estado de sitio y se desató una represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes autoconvocados.
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Maldonado: "Bullrich se convirtió en una líder de odio"

Se cumplen cuatro años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, durante una protesta de la comunidad Mapuche del Pu Lof reprimida por Gendarmería, cerca de la localidad de Esquel.
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Bolivia: nuevas pruebas sobre el contrabando

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó este domingo el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.

Basteiro, que este lunes se reunirá con Novillo por este tema, señaló que este nuevo hallazgo se corresponde con "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que (el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia) Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada argentina en La Paz". El embajador informó que la localización de este papel fue anunciada "el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo" y en relación al contenido detalló que en la nota figuran "seis ítems firmados por un suboficial" de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en "los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos".

Causa judicial por el envío de material bélico a Bolivia

La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, pero en paralelo existe otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico, aunque no se descarta que se unifiquen en los próximos días. La semana pasada, el juez López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Mauricio Macri que pretendía que la Cámara frenase una investigación interna o administrativa de Gendarmería.

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó este domingo el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.

Basteiro, que este lunes se reunirá con Novillo por este tema, señaló que este nuevo hallazgo se corresponde con "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que (el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia) Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada argentina en La Paz". El embajador informó que la localización de este papel fue anunciada "el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo" y en relación al contenido detalló que en la nota figuran "seis ítems firmados por un suboficial" de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en "los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos".

Causa judicial por el envío de material bélico a Bolivia

La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, pero en paralelo existe otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico, aunque no se descarta que se unifiquen en los próximos días. La semana pasada, el juez López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Mauricio Macri que pretendía que la Cámara frenase una investigación interna o administrativa de Gendarmería.

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A 55 años de "La noche de los bastones largos"

“La noche de los bastones largos” fue uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. El 29 de julio de 1966, hace 55 años, fuerzas de seguridad ocuparon las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA. Golpearon y detuvieron a autoridades, docentes y estudiantes para hacer cumplir, por la fuerza, un decreto de la dictadura militar del general Onganía que suprimió la autonomía de las universidades nacionales y las intervino. Fue un ataque directo a la educación pública: más de un millar de docentes renunciaron a sus cargos y se perdió una generación brillante de científicos e investigadores formados en una “década de oro” de la universidad argentina.

Durante los meses siguientes al ataque, aproximadamente 1500 de los mejores docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras. Una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, la universidad pública argentina fue vaciada de sus mejores exponentes y contenidos

 

Quiénes fueron las principales víctimas de “La noche de los bastones largos”

 

El daño a la educación, la ciencia y la cultura quedó marcado por la partida al exilio académico de notables educadores e intelectuales. Entre ellos: Manuel Sadosky, quién instaló en la UBA la primera computadora que conoció el país; el epistemólogo, físico y meteorólogo Rolando García, que en el exilio desarrolló junto a Jean Piaget la epistemología genética; el historiador y sociólogo Sergio Bagú, pionero de la teoría de la dependencia; la astrónoma Catherine Gattegno; el historiador Tulio Halperín Donghi; el epistemólogo Gregorio Klimosvsky; el geólogo Amílcar Herrera; y la física atómica Mariana Weissmann.

 

“La noche de los bastones largos” fue uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. El 29 de julio de 1966, hace 55 años, fuerzas de seguridad ocuparon las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA. Golpearon y detuvieron a autoridades, docentes y estudiantes para hacer cumplir, por la fuerza, un decreto de la dictadura militar del general Onganía que suprimió la autonomía de las universidades nacionales y las intervino. Fue un ataque directo a la educación pública: más de un millar de docentes renunciaron a sus cargos y se perdió una generación brillante de científicos e investigadores formados en una “década de oro” de la universidad argentina.

Durante los meses siguientes al ataque, aproximadamente 1500 de los mejores docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras. Una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, la universidad pública argentina fue vaciada de sus mejores exponentes y contenidos

 

Quiénes fueron las principales víctimas de “La noche de los bastones largos”

 

El daño a la educación, la ciencia y la cultura quedó marcado por la partida al exilio académico de notables educadores e intelectuales. Entre ellos: Manuel Sadosky, quién instaló en la UBA la primera computadora que conoció el país; el epistemólogo, físico y meteorólogo Rolando García, que en el exilio desarrolló junto a Jean Piaget la epistemología genética; el historiador y sociólogo Sergio Bagú, pionero de la teoría de la dependencia; la astrónoma Catherine Gattegno; el historiador Tulio Halperín Donghi; el epistemólogo Gregorio Klimosvsky; el geólogo Amílcar Herrera; y la física atómica Mariana Weissmann.

 

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Protesta de trabajadores de la salud

Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.

A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.

 

Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.

A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.

 

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ONU pidió una investigación independiente por los asesinatos en Colombia

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.

Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas"

¿Por qué comenzaron las manifestaciones?

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación. 

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.

Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas"

¿Por qué comenzaron las manifestaciones?

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación. 

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Escalada de violencia entre Israel y la organización palestina Hamás

En la madrugada del miércoles cayeron misiles de Hamás sobre ciudades israelíes y hubo ataques aéreos de Israel a territorio palestino. Es el estallido de violencia más severo desde la guerra de 2014 y no hay un final a la vista. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró este miércoles que el Ejército “continuará atacando” posiciones de la organización palestina Hamás en la Franja de Gaza para conseguir “una paz completa y duradera”. “Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán atacando y traerán una paz completa y duradera. No hay fecha de finalización y no recibiremos sermones morales de ninguna organización sobre nuestro derecho a proteger a los ciudadanos”, publicó Gantz vía en su cuenta de Twitter

El grupo Hamás, a cargo del gobierno en Gaza, y otros grupos militantes dispararon cientos de cohetes sobre las defensas de misiles de Israel: sirenas y explosiones resonaron en Tel Aviv, el área metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades. Los ataques aéreos israelíes han arrasado dos torres de apartamentos en la Franja de Gaza. Los disparos de advertencia permitieron a los civiles evacuar los edificios, pero las pérdidas materiales son inmensas. 

El número de muertos en Gaza ascendió a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas han resultado heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, entre ellos tres mujeres y un niño, murieron por disparos de cohetes el martes y la madrugada del miércoles, y decenas de personas resultaron heridas.

El conflicto se enmarca un tiempo convulso por la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Esta parte de la ciudad sagrada para los tres grandes religiones mundiales -cristianismo, judaísmo, islamismo, fue el epicentro del repunte de la violencia entre las autoridades israelíes y palestinas, de cara a la celebración de unas elecciones legislativas convocadas para el 22 de mayo, después de que el Gobierno de Israel impidió la celebración de actos de campaña y la votación en esta zona de la ciudad. La Autoridad Palestina postergó el acto electoral, que iba a ser el primer en 15 años en la ciudad que considera futura capital de un Estado todavía no reconocido. 

 

 

En la madrugada del miércoles cayeron misiles de Hamás sobre ciudades israelíes y hubo ataques aéreos de Israel a territorio palestino. Es el estallido de violencia más severo desde la guerra de 2014 y no hay un final a la vista. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró este miércoles que el Ejército “continuará atacando” posiciones de la organización palestina Hamás en la Franja de Gaza para conseguir “una paz completa y duradera”. “Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán atacando y traerán una paz completa y duradera. No hay fecha de finalización y no recibiremos sermones morales de ninguna organización sobre nuestro derecho a proteger a los ciudadanos”, publicó Gantz vía en su cuenta de Twitter

El grupo Hamás, a cargo del gobierno en Gaza, y otros grupos militantes dispararon cientos de cohetes sobre las defensas de misiles de Israel: sirenas y explosiones resonaron en Tel Aviv, el área metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades. Los ataques aéreos israelíes han arrasado dos torres de apartamentos en la Franja de Gaza. Los disparos de advertencia permitieron a los civiles evacuar los edificios, pero las pérdidas materiales son inmensas. 

El número de muertos en Gaza ascendió a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas han resultado heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, entre ellos tres mujeres y un niño, murieron por disparos de cohetes el martes y la madrugada del miércoles, y decenas de personas resultaron heridas.

El conflicto se enmarca un tiempo convulso por la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Esta parte de la ciudad sagrada para los tres grandes religiones mundiales -cristianismo, judaísmo, islamismo, fue el epicentro del repunte de la violencia entre las autoridades israelíes y palestinas, de cara a la celebración de unas elecciones legislativas convocadas para el 22 de mayo, después de que el Gobierno de Israel impidió la celebración de actos de campaña y la votación en esta zona de la ciudad. La Autoridad Palestina postergó el acto electoral, que iba a ser el primer en 15 años en la ciudad que considera futura capital de un Estado todavía no reconocido. 

 

 

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Crisis en Colombia: claves para entender la conmoción social

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

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Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la situación de Colombia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”.

“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.

Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”.

“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.

Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.

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A 14 años del asesinato de Carlos Fuentealba

El 5 de abril de 2007, el docente neuquino Carlos Fuentealba murió en un hospital provincial, tras haber sido baleado por la espalda y a quemarropa en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que tuvo lugar el 4 de abril y que fue violentamente reprimida por el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch.

El autor material del crimen fue el cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén Darío Poblete, quien disparó en la huelga y movilización que el sindicato docente ATEN (CTERA) realizaba en la ruta N° 22, a la altura de la localidad de Arroyito.

Desde entonces, cada 4 y 5 de abril son días de reivindicación de la lucha docente, en repudio a la represión policial y en pedido de Justicia por Carlos Fuentealba. Si bien Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos exigen castigo a los culpables, y a los autores intelectuales y políticos del asesinato.

Gente que nos hace bien es una sección de Somos PM, que se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 h a 17 h, con la conducción de Pía Slapka, Maximiliano Legnani y Ana Sicilia.
 

El 5 de abril de 2007, el docente neuquino Carlos Fuentealba murió en un hospital provincial, tras haber sido baleado por la espalda y a quemarropa en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que tuvo lugar el 4 de abril y que fue violentamente reprimida por el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch.

El autor material del crimen fue el cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén Darío Poblete, quien disparó en la huelga y movilización que el sindicato docente ATEN (CTERA) realizaba en la ruta N° 22, a la altura de la localidad de Arroyito.

Desde entonces, cada 4 y 5 de abril son días de reivindicación de la lucha docente, en repudio a la represión policial y en pedido de Justicia por Carlos Fuentealba. Si bien Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos exigen castigo a los culpables, y a los autores intelectuales y políticos del asesinato.

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