Hijos de 2001: la historia de quienes perdieron a sus padres en la represión

El 19 y 20 de diciembre del 2001 se decretó el estado de sitio y las fuerzas de seguridad reprimieron a la población argentina.

“El Argentinazo”, el estallido social y crisis de 2001, marcó un antes y después en nuestro país. Manifestaciones espontáneas de ciudadanos y ciudadanas autoconvocados, junto a agrupaciones sociales y políticas, reclamaron por una salida a la crisis social, política y económica. La tensión en la calle aumentó y el gobierno de la Alianza decretó el estado de sitio en todo el territorio argentino. Las fuerzas de seguridad comenzaron múltiples maniobras represivas.

“Mi papá trabajaba todo el día; a la mañana trabajaba en una mensajería por la zona de Plaza de Mayo y a la tarde en Flores repartía pizzas en una pizzería. Ese día, él fue a reclamar por todos y todas”, contó Camila Riva, hija de Gastón Riva, una de las cinco personas asesinadas por la Policía Federal. Su madre se enteró del episodio a través de imágenes transmitidas por la televisión.

El 19 de diciembre los comerciantes estaban aterrados por la ola de saqueos que afectaban sus locales. La virulencia de los robos aumentaba en intensidad y muchas personas comenzaron a concentrarse en asaltar comercios y supermercados: “Nos quieren asaltar porque tienen hambre. Tengo negocio y me da lástima, me piden una empanada, pan. Me piden por favor por los chicos que se les están muriendo”, dijo una comerciante entrevistada ese día.

Verónica Cárdenas recuerda cómo su padre Jorge Cárdenas miraba la represión en Plaza de Mayo y tomó la decisión de asistir a las manifestaciones. El hombre llegó a las escalinatas del Congreso de la Nación cuando la policía montada le disparó. Su hijo, Juan Martín Cárdenas, debió esquivar las balas para llegar al cuerpo de su padre.

Otra de las cinco personas asesinadas durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre fue Alberto Márquez, quien había salido junto a su esposa para unirse a las protestas. El hecho quedó grabado por un periodista digital que trabajaba en “El Ojo Obrero”: Márquez quería proteger a su esposa cuando comenzaron los disparos y uno de ellos lo atravesó por la espalda.

“Él me enseñó a mi lo importante de estar para el otro, lo importante del compromiso hacia el otro”, contó Daniel Márquez, quien se enteró de la muerte de su padre a través de la televisión.

Para el final de las dos jornadas de protesta, el gobierno de De la Rúa había asesinado a 39 personas que habían salido a manifestarse y más de 400 personas reportaron heridas de creciente gravedad.

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A 20 años del estallido de 2001: los hijos de quienes murieron en Plaza de Mayo

El 19 y 20 de diciembre del 2001 se desató la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa. Se decretó el estado de sitio y se desató una represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes autoconvocados.

“El Argentinazo”, el estallido social y crisis de 2001, marcó un antes y después en nuestro país. Manifestaciones espontáneas de ciudadanos y ciudadanas autoconvocados, junto a agrupaciones sociales y políticas, reclamaron por una salida a la crisis social, política y económica. La tensión en la calle aumentó y el gobierno de la Alianza decretó el estado de sitio en todo el territorio argentino. Las fuerzas de seguridad comenzaron múltiples maniobras represivas.

“Mi papá trabajaba todo el día; a la mañana trabajaba en una mensajería por la zona de Plaza de Mayo y a la tarde en Flores repartía pizzas en una pizzería. Ese día, él fue a reclamar por todos y todas”, contó Camila Riva, hija de Gastón Riva, una de las cinco personas asesinadas por la Policía Federal. Su madre se enteró del episodio a través de imágenes transmitidas por la televisión.

El 19 de diciembre los comerciantes estaban aterrados por la ola de saqueos que afectaban sus locales. La virulencia de los robos aumentaba en intensidad y muchas personas comenzaron a concentrarse en asaltar comercios y supermercados: “Nos quieren asaltar porque tienen hambre. Tengo negocio y me da lástima, me piden una empanada, pan. Me piden por favor por los chicos que se les están muriendo”, dijo una comerciante entrevistada ese día.

Verónica Cárdenas recuerda cómo su padre Jorge Cárdenas miraba la represión en Plaza de Mayo y tomó la decisión de asistir a las manifestaciones. El hombre llegó a las escalinatas del Congreso de la Nación cuando la policía montada le disparó. Su hijo, Juan Martín Cárdenas, debió esquivar las balas para llegar al cuerpo de su padre.

Otra de las cinco personas asesinadas durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre fue Alberto Márquez, quien había salido junto a su esposa para unirse a las protestas. El hecho quedó grabado por un periodista digital que trabajaba en “El Ojo Obrero”: Márquez quería proteger a su esposa cuando comenzaron los disparos y uno de ellos lo atravesó por la espalda.

“Él me enseñó a mi lo importante de estar para el otro, lo importante del compromiso hacia el otro”, contó Daniel Márquez, quien se enteró de la muerte de su padre a través de la televisión.

Para el final de las dos jornadas de protesta, el gobierno de De la Rúa había asesinado a 39 personas que habían salido a manifestarse y más de 400 personas reportaron heridas de creciente gravedad.

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A 20 años del estallido de 2001: la historia de uno de los sobrevivientes de la represión policial

A Martín Galli la Policía Federal le pegó un disparo en la cabeza y sobrevivió.

Martín Galli es uno de los sobrevivientes de las protestas del 20 de diciembre de 2001. Durante la jornada represiva en Plaza de Mayo, recibió un disparo en la cabeza por parte de la Policía Federal. Movilizado por las imágenes televisivas que mostraban la brutal represión de la policía montada a las Madres de Plaza de Mayo, Galli decidió acercarse para defenderlas. "

Llegué de trabajar y vi cómo la policía montada reprimía a las Madres de Plaza de Mayo. Eso me pareció un extremo insoportable", explicó. En aquel momento era un joven de 26 años que vivía en San Justo y combinó trenes, colectivos y subte para llegar. Martín y sus amigos lograron escapar de la policía montada pero se vieron fuertemente afectados por los gases lacrimógenos.

¿Qué le pasó a Galli?

Cuando Martín y sus amigos intentaban recuperarse en la plazoleta de Av. Corrientes y Cerrito, policías con chalecos de la Federal les dispararon desde unos vehículos. "Llegamos al Congreso a eso de las tres de la tarde. Quisimos ir a Plaza de Mayo pero estaba vallada, pero terminamos en la 9 de Julio porque había gente concentrada. Estábamos descansando cuando vemos que vienen del lado de Constitución, dos autos y una camioneta. Se frenan de la mano contraria, bajan y comienzan a disparar", recordó Galli.

Una esquirla impactó en la cabeza de Martín, dejándolo moribundo sobre la 9 de Julio. Su salvador fue Héctor "El Toba" García, un docente de Zona Oeste que comenzó a practicarle maniobras de RCP que lograron reanimarlo, mientras yacía en el asfalto. "La esquirla de la bala me entra por la nuca y queda alojada en el hemisferio delantero de la cabeza. En ese momento, García me hizo una reanimación que me salvó la vida. Estuve internado varios meses, luego en silla de ruedas y comencé una terapia psicológica. Tenía la impresión de que el Estado me había querido matar", rememoró. 

Las secuelas de la represión

Además, Martín tuvo que afrontar las consecuencias de salud que le dejó el disparo alojado en su cabeza. "De un día para el otro perdí el trabajo y dejé el estudio porque estaba concentrado en mi rehabilitación. Estuve en silla de ruedas con medicación y casos de epilepsia. Me tuve que dedicar a reconstruirme. Fue cerrar los ojos con el balazo y cuando me desperté era todo distinto", contó Galli a IP.

Por otra parte, Martín explicó que le gustaría que hubiera un mayor compromiso social con la fecha. "A veces pareciera que todo esto pasó hace dos mil años, y nadie lo recuerda. Sobre todo las nuevas generaciones que se han olvidado de lo que pasó. Son fechas que tienen que recordarse. No porque yo haya estado involucrado, sino porque fue una protesta que pedía mejores condiciones de vida para el pueblo", resumió. 

 

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Funcionarios condenados por la represión de diciembre 2001

Veinte años después de los hechos, la Cámara de Casación confirmó las penas de prisión efectiva para Enrique Mathov y Rubén Santos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión de cumplimiento efectivo del exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santospor homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, en el marco de la represión que precedió a la caída del gobierno de la Alianza el 19 y 20 de diciembre de 2001 y causó cinco muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo.

Enrique Mathov le dieron 4 años y 6 meses, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ochos años y medio; y a Rubén Santos, tres años y medio y prohibición de acceso a cargos por siete años. La causa que tardó 15 años en llegar a juicio, y otros cinco años para definir las imputaciones, llegó a su fin, con la condena firme a Mathov y Santos. Sin embargo, se estipula que la sentencia puede ser apelada, por lo que se prevé que los condenados no pasen tiempo tras las rejas.

El fallo también ratificó las condenas de cumplimiento en suspenso del ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y a Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses pero en su caso sólo por el delito de “abuso de armas”.

De igual forma, el ex subcomisario Carlos José López, deberá cumplir cinco años y nueve meses de cárcel como "coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión (por la muerte de Alberto Manuel Márquez) en concurso ideal con lesiones en agresión".

"No se advierte, ni las partes han logrado demostrar una hipotética arbitrariedad en los fundamentos del tribunal de sentencia al mensurar las sanciones, desde que los jueces desarrollaron los motivos por los que, en cada caso, correspondía alejarse de los mínimos previstos en las escalas penales", sostuvo el fallo.

"Los sentenciantes han brindado adecuados y suficientes fundamentos a la hora de determinar las penas a imponer a los encartados, han decidido el monto de las mismas dentro de los límites previstos para los delitos imputados de acuerdo a la ley vigente al momento de su comisión, evaluando en forma adecuada las pautas mensurativas de la pena", resumieron.

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Elías Garay fue asesinado de un tiro en el tórax, según autopsia

El dictamen del Cuerpo Médico Forense de Bariloche determinó que el joven mapuche recibió un disparo y murió por un "shock hipovolémico".

El Cuerpo Médico Forense de Bariloche finalizó la autopsia de Elías Garay y determinó que el joven mapuche asesinado durante una represión policial murió por un disparo en el tórax. El resultado oficial del estudio indicó que Garay sufrió un "shock hipovolémico a raíz de un disparo de arma de fuego", que le produjo la muerte. Por otra parte, la gobernadora Arabela Carreras remarcó el compromiso de su administración en buscar "la verdad" de lo sucedido y en llevar a la Justicia a "los responsables del crimen". Además, la funcionaria explicó que la Policía de Río Negro no había dado ninguna orden de actuación u operativo en el paraje Cuesta del Ternero, donde fue ultimado Garay. 

¿Qué pasó con Elías Garay?

El asesinato de Elías Garay ocurrió el domingo 21 de noviembre, pasadas las 15 horas, en el paraje Cuesta del Ternero a 30 kilómetros de El Bolsón. La comunidad mapuche se encontraba realizando una reivindicación territorial de esta zona desde el 18 de septiembre, cuando dos hombres aún no identificados entraron al predio de la Lof Quemquemtreu y dispararon a la gente del lugar. Elías Garay fue asesinado por una de estas personas de civil que también hirieron a uno de sus compañeros de la comunidad, Gonzalo Cabrera. Éste último, lucha por su vida internado en el hospital de El Bolsón, luego de una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil. Los primeros datos de la investigación arrojaron que las armas de los agresores eran calibre 22 largo, incompatible con los utilizados en funciones por la Policía de la Provincia. Los referentes de la comunidad que permanecen en Cuesta del Ternero detallaron que antes de asesinato, vieron como un drone de la Policía de Río Negro sobrevolaba el predio. El lugar mantiene una custodia policial por estar ocupado de forma ilegal, con una causa que lleva adelante el juez barilochense Ricardo Calcagno. 

Además, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, dijo que la autopsia al cuerpo de Elías "habla de armas largas" y solicitó el "esclarecimiento urgente del hecho y juicio a los culpables". La funcionaria también resaltó que los hechos se habrían dado cuando "dos personas que habrían dicho que estaban cazando en esa zona fueron vistas cuando ingresaron al predio en disputa". En ese momento, los integrantes de la comunidad, entre los que estaban Garay y Cabrera, se acercaron para explicar que allí no había nada que cazar, y en ese instante las dos personas comenzaron a disparar. 

¿Cómo avanza la investigación?

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien y la fiscal Betiana Cendón. Ambos ordenaron custodia policial de 24 horas a Gonzalo Cabrera, el mapuche que resultó herido durante el ataque y uno de los testigos claves del hecho. Fuentes cercanas al caso indicaron que por el momento se plantean como hipótesis la teoría de una pelea interna y la de "sicarios" presentes con intenciones de matar a los miembros de la comunidad. "El Estado está absolutamente comprometido con la búsqueda de la verdad y de los responsables de este crimen que es absolutamente repudiable", declaró la gobernadora Carreras en referencia al asesinato de Garay. Por otro lado, el vocero de la comunidad en Río Negro, Orlando Corriqueo, indicó que existe la sospecha sobre "la participación de la policía local en la muerte de Garay". 






 

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Maldonado: "Bullrich se convirtió en una líder de odio"

Se cumplen cuatro años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, durante una protesta de la comunidad Mapuche del Pu Lof reprimida por Gendarmería, cerca de la localidad de Esquel.

Se cumplen cuatro años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, durante una protesta de la comunidad mapuche del Pu Lof reprimida por Gendarmería, cerca de la localidad de Esquel, en Chubut. "En verdad no sabemos qué día murió Santiago. Lo único que tenemos es la fecha de desaparición, que fue el primero de agosto. Estuvo 78 días desaparecido y apareció muerto un 17 de octubre. Hasta ahora no se hizo una reconstrucción de lo que pasó, así que todavía no tenemos esa respuesta sobre qué pasó con él", explicó su hermano, Sergio Maldonado, en diálogo con Nicolás Artusi y Paloma Bokser en Imagen Positiva.

Una investigación que no avanza

Por otra parte, Sergio Maldonado se refirió a la situación de la causa y lamentó el atraso de la Justicia para encarar una investigación. "Pasa el tiempo y el caso va quedando en la impunidad. A cuatro años no solamente hay que soportar que la causa esté paralizada desde marzo del año pasado en la Corte Suprema, a la espera de que un juez se digne a investigarlo como desaparición forzada", declaró. 

También repudió las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que recientemente se filmó en el lugar de la aparición del cuerpo de Santiago, en lo que la familia consideró un ataque. "Hay que lidiar con las provocaciones constantes de quien era ministra de Seguridad en ese momento, como Patricia Bullrich, convertida en líder de odio con todo un aparato atrás; primero era el Estado y ahora es un partido político. Del otro lado somos una familia con el acompañamiento de gente que quiere saber qué pasó con Santiago", resumió Sergio. 

El caso Santiago Maldonado

El 1° de agosto de 2017, Santiago Maldonado participó en una protesta de la comunidad Mapuche del Pu Lof de Cushamen en un corte en la ruta 40, cerca de la localidad de Esquel. La manifestación tenía que ver con un conflicto de tierras que la comunidad tenía con el grupo empresarial Benetton. En el marco de un operativo represivo, Gendarmería ingresó al predio del Pu Lof y persiguió a los concentrados hasta orillas del río Chubut. Fue en ese momento en el que el joven desapareció. Su cuerpo sin vida apareció 78 días después en el mismo río en un área que, según la familia, había sido rastrillado tres veces. La familia, junto a organizaciones de Derechos Humanos, reclaman a la justicia que el caso sea investigado como “desaparición forzada”. Hasta ahora no hubo avances significativos en la investigación.

Podés ver Imagen Positiva de lunes a viernes con Paloma Bosker y Nicolás Artusi de 9 a 12 por IP Noticias

 

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Bolivia: nuevas pruebas sobre el contrabando

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó este domingo el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.

Basteiro, que este lunes se reunirá con Novillo por este tema, señaló que este nuevo hallazgo se corresponde con "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que (el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia) Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada argentina en La Paz". El embajador informó que la localización de este papel fue anunciada "el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo" y en relación al contenido detalló que en la nota figuran "seis ítems firmados por un suboficial" de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en "los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos".

Causa judicial por el envío de material bélico a Bolivia

La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, pero en paralelo existe otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico, aunque no se descarta que se unifiquen en los próximos días. La semana pasada, el juez López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Mauricio Macri que pretendía que la Cámara frenase una investigación interna o administrativa de Gendarmería.

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó este domingo el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.

Basteiro, que este lunes se reunirá con Novillo por este tema, señaló que este nuevo hallazgo se corresponde con "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que (el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia) Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada argentina en La Paz". El embajador informó que la localización de este papel fue anunciada "el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo" y en relación al contenido detalló que en la nota figuran "seis ítems firmados por un suboficial" de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en "los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos".

Causa judicial por el envío de material bélico a Bolivia

La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, pero en paralelo existe otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico, aunque no se descarta que se unifiquen en los próximos días. La semana pasada, el juez López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Mauricio Macri que pretendía que la Cámara frenase una investigación interna o administrativa de Gendarmería.

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A 55 años de "La noche de los bastones largos"

“La noche de los bastones largos” fue uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. El 29 de julio de 1966, hace 55 años, fuerzas de seguridad ocuparon las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA. Golpearon y detuvieron a autoridades, docentes y estudiantes para hacer cumplir, por la fuerza, un decreto de la dictadura militar del general Onganía que suprimió la autonomía de las universidades nacionales y las intervino. Fue un ataque directo a la educación pública: más de un millar de docentes renunciaron a sus cargos y se perdió una generación brillante de científicos e investigadores formados en una “década de oro” de la universidad argentina.

Durante los meses siguientes al ataque, aproximadamente 1500 de los mejores docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras. Una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, la universidad pública argentina fue vaciada de sus mejores exponentes y contenidos

 

Quiénes fueron las principales víctimas de “La noche de los bastones largos”

 

El daño a la educación, la ciencia y la cultura quedó marcado por la partida al exilio académico de notables educadores e intelectuales. Entre ellos: Manuel Sadosky, quién instaló en la UBA la primera computadora que conoció el país; el epistemólogo, físico y meteorólogo Rolando García, que en el exilio desarrolló junto a Jean Piaget la epistemología genética; el historiador y sociólogo Sergio Bagú, pionero de la teoría de la dependencia; la astrónoma Catherine Gattegno; el historiador Tulio Halperín Donghi; el epistemólogo Gregorio Klimosvsky; el geólogo Amílcar Herrera; y la física atómica Mariana Weissmann.

 

“La noche de los bastones largos” fue uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. El 29 de julio de 1966, hace 55 años, fuerzas de seguridad ocuparon las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la UBA. Golpearon y detuvieron a autoridades, docentes y estudiantes para hacer cumplir, por la fuerza, un decreto de la dictadura militar del general Onganía que suprimió la autonomía de las universidades nacionales y las intervino. Fue un ataque directo a la educación pública: más de un millar de docentes renunciaron a sus cargos y se perdió una generación brillante de científicos e investigadores formados en una “década de oro” de la universidad argentina.

Durante los meses siguientes al ataque, aproximadamente 1500 de los mejores docentes e investigadores fueron despedidos o renunciaron a sus cátedras. Una importante cantidad de ellos se exiliaron y fueron contratados por universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, la universidad pública argentina fue vaciada de sus mejores exponentes y contenidos

 

Quiénes fueron las principales víctimas de “La noche de los bastones largos”

 

El daño a la educación, la ciencia y la cultura quedó marcado por la partida al exilio académico de notables educadores e intelectuales. Entre ellos: Manuel Sadosky, quién instaló en la UBA la primera computadora que conoció el país; el epistemólogo, físico y meteorólogo Rolando García, que en el exilio desarrolló junto a Jean Piaget la epistemología genética; el historiador y sociólogo Sergio Bagú, pionero de la teoría de la dependencia; la astrónoma Catherine Gattegno; el historiador Tulio Halperín Donghi; el epistemólogo Gregorio Klimosvsky; el geólogo Amílcar Herrera; y la física atómica Mariana Weissmann.

 

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Protesta de trabajadores de la salud

Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.

A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.

 

Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.

A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.

 

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ONU pidió una investigación independiente por los asesinatos en Colombia

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.

Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas"

¿Por qué comenzaron las manifestaciones?

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación. 

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.

Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas"

¿Por qué comenzaron las manifestaciones?

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación. 

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Escalada de violencia entre Israel y la organización palestina Hamás

En la madrugada del miércoles cayeron misiles de Hamás sobre ciudades israelíes y hubo ataques aéreos de Israel a territorio palestino. Es el estallido de violencia más severo desde la guerra de 2014 y no hay un final a la vista. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró este miércoles que el Ejército “continuará atacando” posiciones de la organización palestina Hamás en la Franja de Gaza para conseguir “una paz completa y duradera”. “Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán atacando y traerán una paz completa y duradera. No hay fecha de finalización y no recibiremos sermones morales de ninguna organización sobre nuestro derecho a proteger a los ciudadanos”, publicó Gantz vía en su cuenta de Twitter

El grupo Hamás, a cargo del gobierno en Gaza, y otros grupos militantes dispararon cientos de cohetes sobre las defensas de misiles de Israel: sirenas y explosiones resonaron en Tel Aviv, el área metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades. Los ataques aéreos israelíes han arrasado dos torres de apartamentos en la Franja de Gaza. Los disparos de advertencia permitieron a los civiles evacuar los edificios, pero las pérdidas materiales son inmensas. 

El número de muertos en Gaza ascendió a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas han resultado heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, entre ellos tres mujeres y un niño, murieron por disparos de cohetes el martes y la madrugada del miércoles, y decenas de personas resultaron heridas.

El conflicto se enmarca un tiempo convulso por la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Esta parte de la ciudad sagrada para los tres grandes religiones mundiales -cristianismo, judaísmo, islamismo, fue el epicentro del repunte de la violencia entre las autoridades israelíes y palestinas, de cara a la celebración de unas elecciones legislativas convocadas para el 22 de mayo, después de que el Gobierno de Israel impidió la celebración de actos de campaña y la votación en esta zona de la ciudad. La Autoridad Palestina postergó el acto electoral, que iba a ser el primer en 15 años en la ciudad que considera futura capital de un Estado todavía no reconocido. 

 

 

En la madrugada del miércoles cayeron misiles de Hamás sobre ciudades israelíes y hubo ataques aéreos de Israel a territorio palestino. Es el estallido de violencia más severo desde la guerra de 2014 y no hay un final a la vista. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró este miércoles que el Ejército “continuará atacando” posiciones de la organización palestina Hamás en la Franja de Gaza para conseguir “una paz completa y duradera”. “Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán atacando y traerán una paz completa y duradera. No hay fecha de finalización y no recibiremos sermones morales de ninguna organización sobre nuestro derecho a proteger a los ciudadanos”, publicó Gantz vía en su cuenta de Twitter

El grupo Hamás, a cargo del gobierno en Gaza, y otros grupos militantes dispararon cientos de cohetes sobre las defensas de misiles de Israel: sirenas y explosiones resonaron en Tel Aviv, el área metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades. Los ataques aéreos israelíes han arrasado dos torres de apartamentos en la Franja de Gaza. Los disparos de advertencia permitieron a los civiles evacuar los edificios, pero las pérdidas materiales son inmensas. 

El número de muertos en Gaza ascendió a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas han resultado heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, entre ellos tres mujeres y un niño, murieron por disparos de cohetes el martes y la madrugada del miércoles, y decenas de personas resultaron heridas.

El conflicto se enmarca un tiempo convulso por la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Esta parte de la ciudad sagrada para los tres grandes religiones mundiales -cristianismo, judaísmo, islamismo, fue el epicentro del repunte de la violencia entre las autoridades israelíes y palestinas, de cara a la celebración de unas elecciones legislativas convocadas para el 22 de mayo, después de que el Gobierno de Israel impidió la celebración de actos de campaña y la votación en esta zona de la ciudad. La Autoridad Palestina postergó el acto electoral, que iba a ser el primer en 15 años en la ciudad que considera futura capital de un Estado todavía no reconocido. 

 

 

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Crisis en Colombia: claves para entender la conmoción social

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

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Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la situación de Colombia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”.

“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.

Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”.

“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.

Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.

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A 14 años del asesinato de Carlos Fuentealba

El 5 de abril de 2007, el docente neuquino Carlos Fuentealba murió en un hospital provincial, tras haber sido baleado por la espalda y a quemarropa en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que tuvo lugar el 4 de abril y que fue violentamente reprimida por el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch.

El autor material del crimen fue el cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén Darío Poblete, quien disparó en la huelga y movilización que el sindicato docente ATEN (CTERA) realizaba en la ruta N° 22, a la altura de la localidad de Arroyito.

Desde entonces, cada 4 y 5 de abril son días de reivindicación de la lucha docente, en repudio a la represión policial y en pedido de Justicia por Carlos Fuentealba. Si bien Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos exigen castigo a los culpables, y a los autores intelectuales y políticos del asesinato.

Gente que nos hace bien es una sección de Somos PM, que se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 h a 17 h, con la conducción de Pía Slapka, Maximiliano Legnani y Ana Sicilia.
 

El 5 de abril de 2007, el docente neuquino Carlos Fuentealba murió en un hospital provincial, tras haber sido baleado por la espalda y a quemarropa en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que tuvo lugar el 4 de abril y que fue violentamente reprimida por el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch.

El autor material del crimen fue el cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén Darío Poblete, quien disparó en la huelga y movilización que el sindicato docente ATEN (CTERA) realizaba en la ruta N° 22, a la altura de la localidad de Arroyito.

Desde entonces, cada 4 y 5 de abril son días de reivindicación de la lucha docente, en repudio a la represión policial y en pedido de Justicia por Carlos Fuentealba. Si bien Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos exigen castigo a los culpables, y a los autores intelectuales y políticos del asesinato.

Gente que nos hace bien es una sección de Somos PM, que se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 h a 17 h, con la conducción de Pía Slapka, Maximiliano Legnani y Ana Sicilia.
 

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Más de 100 muertos en represión brutal en Myanmar

Más de 100 personas fueron asesinadas por soldados y policías en 40 localidades de Myanmar, en una jornada de protestas masivas contra el golpe de Estado, mientras se llevaba a cabo el Día de las Fuerzas Armadas. 

La cifra exacta de fallecidos es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones. Desde que empezaron las manifestaciones por la democracia, en Myanmar murieron 320 personas. 

El país asiático atraviesa una profunda crisis institucional desde que los militares llevaron adelante el golpe de Estado el 1 de febrero. Por su parte, el embajador estadounidense Thomas Vajda denunció en un comunicado que “las fuerzas armadas de seguridad están asesinando a civiles desarmados”. 

Más de 100 personas fueron asesinadas por soldados y policías en 40 localidades de Myanmar, en una jornada de protestas masivas contra el golpe de Estado, mientras se llevaba a cabo el Día de las Fuerzas Armadas. 

La cifra exacta de fallecidos es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones. Desde que empezaron las manifestaciones por la democracia, en Myanmar murieron 320 personas. 

El país asiático atraviesa una profunda crisis institucional desde que los militares llevaron adelante el golpe de Estado el 1 de febrero. Por su parte, el embajador estadounidense Thomas Vajda denunció en un comunicado que “las fuerzas armadas de seguridad están asesinando a civiles desarmados”. 

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Jujuy: la Policía reprimió a los vecinos para iniciar la obra de una escuela

La Policía de la provincia de Jujuy reprimió ayer a los vecinos, incluidos niños, del barrio Campo Verde de la capital, que defendían el espacio donde funcionaba una cancha de fútbol, para permitir el avance de las obras para construir una escuela. Hay, al menos, cinco detenidos y hubo heridos. 

Según informó el abogado que representa a los vecinos, Héctor Hugo Huespe, sobre las personas detenidas, “no hubo orden de juez para la detención. Supuestamente están para averiguación de antecedentes. Hay muchas personas golpeadas, mujeres y niños perseguidos por la Montada. El barrio sigue sitiado por la Policía, le prohíben a la gente salir a las calles. Es la vulneración absoluta de las garantías constitucionales en un estado de derecho”, denunció. 

La Policía reprimió para permitirle al gobierno de Jujuy iniciar la construcción de la escuela Secundaria N°39. Los vecinos exigen que se busque otro espacio y se concluyan las construcciones de otros establecimientos escolares de la zona.
 

La Policía de la provincia de Jujuy reprimió ayer a los vecinos, incluidos niños, del barrio Campo Verde de la capital, que defendían el espacio donde funcionaba una cancha de fútbol, para permitir el avance de las obras para construir una escuela. Hay, al menos, cinco detenidos y hubo heridos. 

Según informó el abogado que representa a los vecinos, Héctor Hugo Huespe, sobre las personas detenidas, “no hubo orden de juez para la detención. Supuestamente están para averiguación de antecedentes. Hay muchas personas golpeadas, mujeres y niños perseguidos por la Montada. El barrio sigue sitiado por la Policía, le prohíben a la gente salir a las calles. Es la vulneración absoluta de las garantías constitucionales en un estado de derecho”, denunció. 

La Policía reprimió para permitirle al gobierno de Jujuy iniciar la construcción de la escuela Secundaria N°39. Los vecinos exigen que se busque otro espacio y se concluyan las construcciones de otros establecimientos escolares de la zona.
 

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El #8M en México se vivió con represión policial

En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, cientos de mujeres que marcharon hasta el Zócalo de Ciudad de México y derribaron parte del muro que el mismo Gobierno había colocado para proteger el Palacio Nacional, fueron reprimidas con gas lacrimógeno por la Policía. Se reportaron más de 20 heridas.

Algunas horas antes de la manifestación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador había sido criticado por colocar las vallas, a lo que había respondido: “Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo”. “Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido”, había expresado.

La vida de las mujeres peligra en México

La violencia contra las mujeres en México es alarmante a nivel mundial. En 2020 se registraron 969 femicidios, en promedio más de dos por día, según estadísticas oficiales. El pico más alto se dio en junio, cuando 309 mujeres fueron asesinadas, es decir, una media de 10.3 femicidios por día. 
 

En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, cientos de mujeres que marcharon hasta el Zócalo de Ciudad de México y derribaron parte del muro que el mismo Gobierno había colocado para proteger el Palacio Nacional, fueron reprimidas con gas lacrimógeno por la Policía. Se reportaron más de 20 heridas.

Algunas horas antes de la manifestación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador había sido criticado por colocar las vallas, a lo que había respondido: “Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo”. “Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido”, había expresado.

La vida de las mujeres peligra en México

La violencia contra las mujeres en México es alarmante a nivel mundial. En 2020 se registraron 969 femicidios, en promedio más de dos por día, según estadísticas oficiales. El pico más alto se dio en junio, cuando 309 mujeres fueron asesinadas, es decir, una media de 10.3 femicidios por día. 
 

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