Comunidades wichí en Salta reclaman asistencia tras un femicidio

Pamela tenía 12 años y pertenecía a la comunidad wichí. Su familia reclama que se investigue y que se solucionen los problemas de fondo: adicciones y abusos.

El pasado 16 de enero encontraron el cuerpo sin vida de Pamela, una niña wichí de 12 años entre pastizales y al costado de la Ruta Nacional 81. Tenia el torso desnudo, una herida de arma blanca en el cuello y le faltaban las zapatillas. El femicidio reveló una situación de abandono estatal completo: a través de un video de Periodistas populares, los miembros de la comunidad denuncian adicciones, venta ilegal de drogas, abusos, falta de seguridad en la zona y falta de acceso a la salud, a la educación y al agua potable.

La víctima se llamaba Julia Fernanda Flores, pero le decían Pamela. Pertenecía a la comunidad wichí Misión Kilómetro Dos, en la localidad salteña de Pluma de Pato. La última vez que la vieron fue el 12 de enero y pocos días después un vecino encontró su cuerpo. Por el crimen quedó detenido un adolescente, pero su familia afirmó que la mataron entre más de una persona y que el cuerpo fue "plantado" en el lugar donde la encontraron.

"En ese lugar, los fines de semana hay camionetas, autos y motos. Gente "criolla" que viene de otra localidad a vender alcohol, marihuana, pasta base y nafta para inhalar. Hice reclamos, fui a las autoridades para que controlen pero nunca tuvimos respuestas" señaló Raúl Manuel, presidente de la comunidad, que además denunció: "Adultos criollos se llevan a las niñas de la comunidad engañadas y abusan de ellas a cambio de pan".

Estado ausente

Tras conocerse el femicidio, desde la comunidad cuestionaron que la familia de Pamela no recibió ningún tipo de asistencia "ni de la intendencia ni de los gobiernos". "No recibimos ayuda ni para el traslado, ni para el entierro. Nosotros tomamos la iniciativa de hacer una colecta y así poder colaborar, aunque sea para la ceremonia" dijo Germán Vildoza, cofundador de De la Mano por el Mundo.

Mientras que Manuel, presidente de la comunidad detalló: "Es la primera vez que pasa esto con una nena, pero hubo ocho asesinatos antes. Por violencia, por adicciones, es el problema más fuerte. Las sustancias están atacando a las comunidades. Estamos olvidados, no tenemos acceso a la educación, la salud, al agua potable".

Y agregó: "Para nosotros este caso no termina con encontrar al autor del crimen sino con todo lo que viene de raíz, el abandono que sufren estas comunidades en salud, educación, agua, seguridad".

Además a través de un video desmintieron al gobierno, que aseguró que estaban asistiendo a la familia de Pamela con apoyo psicológico, mercadería, colchones y demás. "Saquen sus propias conclusiones, si ven a un vehículo oficial me avisan. Yo no veo psicólogo, ni equipo de trabajo territorial ni apoyo" relata la persona que tomo las imágenes.

El hombre también mostró tres bolsas pequeñas de mercadería que envió el Estado y cuestionó: "Esa es la asistencia del gobierno a las comunidades originarias. 'Hay que calmarles un poquito el hambre y se termina todo'. Ese es el resultado de una muestra, pedimos que se esclaresca el hecho pero también que se terminen con las cuestiones de fondo: drogadicción y trata".

El caso

Cuando Pamela no volvió a su casa, la comunidad salió a buscarla. "Salimos nosotros, porque recurrimos a las autoridades pero dicen que sí y después no dan respuestas" cuestionó el líder de la comunidad. Días después un vecino la encontró muerta y, según afirmó Manuel, la policía llegó al lugar recién 8 horas después. 

La causa recayó en el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega. Por el crimen está detenido un adolescente de 17 años, a quien la fiscalía señala como el novio de Pamela, algo que la familia desmiente: “Descartamos lo que dice el Ministerio porque no hubo ninguna reunión, ni de familia, ni nada. Pamela no tenía relación con el muchacho porque aquí en la comunidad todos nos conocemos”, dijeron.

El femicidio se dio a conocer por un video que grabó Germán Vildoza, co-fundador junto a su pareja, Florencia Reilacoste, de la organización no gubernamental De las manos por el mundo, que trabaja en proyectos comunitarios en Kilómetro 2. Vildoza relató que estuvo en la escena del hallazgo del cuerpo y reconoció a la niña por su vestimenta. Además, señaló rastros de motos y huellas de borcegos, de un hombre adulto.

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Prohibición de desalojos a pueblos originarios 

El Gobierno Nacional extendió hasta el 23 de noviembre de 2025 el alcance de la ley 26.160. A su vez ordena continuidad de relevamiento territorial.

El gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2025 la prohibición de los desalojos a los pueblos originarios establecida por la Ley N° 26.160. La medida publicada en el Boletín Oficial, dictó la continuidad del relevamiento de la situación judicial y territorial de las tierras actualmente ocupadas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tiene la obligación de presentar en el Congreso un informe anual sobre la situación de las tierras ocupadas. La normativa del INAI rige desde este año y el relevamiento detallado del organismo debe ser exhibido antes del 30 de noviembre. 

¿Cómo se trata la prórroga?

Las autoridades del gobierno destinaron $290 millones por año para financiar el Fondo de Asistencia de las Comunidades Indígenas. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, podrá ampliar las partidas presupuestarias en caso de ser necesario. La prórroga de emergencia territorial fue aprobada en octubre por el Senado Nacional, con 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados no tenía previsto debatir el proyecto antes de su vencimiento, establecido para el 23 de noviembre de este año. Desde el INAI, hicieron hincapié en "la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes". Finalmente, las autoridades indicaron que desalojos pueden poner en riesgo la "identidad cultural y la existencia misma" de las comunidades.

Comunidades indígenas en Argentina

Según los informes oficiales del Gobierno existen 1760 comunidades indígenas identificadas en todo el territorio nacional. El INAI ya relevó a 746 e indicó que aún faltan entrevistar a otras 246. El organismo también detalló que existen unas 768 en investigación con "distintos grados de avance". Por otro lado, las estadísticas del último Censo Nacional indicaron que unas 955.032 personas se definieron como descendientes de pueblos originarios.Desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). Ellos son: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk'Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba (Qom), Tonokoté, Vilela, Wichí.  

 

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Ecuador: segundo día de protestas contra el gobierno

Organizaciones sociales exigen congelar el precio de los combustibles y ratificar el estado de excepción en territorios indígenas.

Luego de una jornada de protestas contra el gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a continuar las movilizaciones este miércoles para exigir la liberación de los manifestantes detenidos. Mediante un comunicado, la Conaie exige al gobierno “la libertad de todos los compañeros detenidos por la Fuerza Pública de manera arbitraria, injusta y violenta” y la reparación integral de los heridos “producto de la represión policial y militar iniciada por la Fuerza”. Además, convocan a continuar los reclamos que piden congelar el precio de los combustibles y ratificar el estado de excepción en los territorios indígenas.

El presidente de la mayor organización indígena del país, Leonidas Iza recordó las declaraciones del presidente Guillermo Lasso cuando decretó el estado de excepción. En ese momento, Lasso aseguró que con el decreto de emergencia no buscaban reprimir a los manifestantes, pero a pesar de esto, este lunes se registraron actos de la violencia contra manifestantes en algunos puntos de protestas.

“Hemos visto que se metieron a las casas y trasladaron a nuestros compañeros detenidos”, denunció Iza en la noche del martes. Desde sus redes sociales, la Conaie documentó una serie de detenciones y ataques a dirigentes y manifestantes. “El estado de excepción decretado responde a las políticas de represión activadas por el Estado, así ingresó la Policía a las comunidades en Cotopaxi; en Saquisilí fue detenido el compañero Cristian Llumiquinga, hay más detenidos de esta manera arbitraria”, indicaron a través de Twitter.

En la misma línea, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció abusos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas contra manifestantes y periodistas que cubrían la manifestación.

Por su parte, Lasso llamó a detener el Paro y apeló a los efectos económicos de la medida que, según el mandatario, no permite que "miles de ecuatorianos continúen generando ingresos y puedan llevar sustento a sus hogares". "La paralización de un país cierra los negocios", publicó a través de Twitter.

La convocatoria

En la noche del lunes, Iza manifestó que el Parlamento Plurinacional de los Pueblos indígenas se moviliza por el precio del combustible, el respeto a los derechos laborales, el precio de productos del campo y las políticas extractivas del gobierno.

La semana pasada, el presidente Lasso anuló los incrementos mensuales de los precios de los combustibles, que quedarán fijados, por un período de tiempo que no precisó, en 2,55 dólares el galón de gasolina extra y en 1,90 dólares el de diésel.

Durante la conferencia de prensa del lunes, Iza ratificó que las movilizaciones exigen “que se congele, no solo que se suspenda” el precio de los combustibles y señaló que “con conceptos se puede estar engañando al pueblo ecuatoriano”.

“Ratificar los temas económicos urgentes, pues hay un engañoso congelamiento con nuevo incremento a los combustibles”, indicaron en el acto y detallaron la demanda de fijar el precio del galón de diésel a 1,50 dólares y a dos dólares el galón de gasolina.

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Crece la tensión por el conflicto mapuche en Río Negro

El director Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández, pidió la colaboración del gobierno provincial para mejorar políticas públicas hacia pueblos originarios.

Tras la noticia del incendio intencional de un club en El Bolsón, resurgió la tensión por los territorios que reclaman las comunidades mapuches en Rio Negro. La gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, había pedido ayuda al Gobierno nacional para garantizar la seguridad en el territorio que tiene a cargo. El presidente Alberto Fernández le envió una carta este jueves comprometiéndose al envío de fuerzas federales, no sin mencionar que la facultad para encargarse del tema es de la provincia.

Por su parte, el director Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández, informó sobre la situación que viven las comunidades en la disputa por las propiedades. El funcionario recordó la existencia de la Ley 23.160 que establece la necesidad de realizar un relevamiento de los pueblos que residen en la zona.

“La política pública que existe es el relevamiento para que estas situaciones no puedan suceder y para que haya seguridad jurídica para estas comunidades y para el resto de la sociedad”, explicó Fernández. Sin embargo, el Gobierno provincial no solo no reconoce estos relevamientos, sino que los discute.  "La provincia de Río Negro es una de las pocas que no tiene una sola comunidad con título comunitario. Neuquén viene entregándolos desde 1960”, contó.

La demarcación de los territorios ocupados por pueblos indígenas aún no puede ser establecida a pesar de haber sido sancionada en 2006. “Se desconoce por qué no se obtuvieron respuestas”, indicó Fernández. De todas maneras, el director de asuntos jurídicos del INAI explicó que aunque la ley “no viene a solucionar el problema en su totalidad, sería una herramienta útil para casos como los que se vivieron lo últimos días”.

Por último, Fernández detalló en diálogo con IP que “hay un grupo minúsculo que plantea la devolución territorial de otra manera y hay una comunidad indígena genuina que está esperando que se llegue con políticas públicas. Hoy no podemos saber quiénes son  de qué grupo porque tienen que ser abordados en el marco del relevamiento”.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

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Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Desde 2010 se conmemora la enorme variedad de culturas en nuestro continente, compuesto por multitud de pueblos indígenas y afrodescendientes.

El 12 de octubre es una fecha en la que durante muchos años se celebró el arribo de los conquistadores europeos al continente americano. Esta mirada de la historia se transformó y permitió asignar otros sentidos al recuerdo de lo ocurrido. En 1492, Cristóbal Colón, marino genovés al frente de una expedición enviada por la corona española, desembarcó en las Antillas e inició un largo proceso de dominación y colonización en el actual territorio americano. Por eso no debe ser considerado como un día de celebración, sino de conmemoración y recuerdo porque es necesario promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. Además tiene un significado acorde al valor establecido en la Constitución nacional para la diversidad étnica y cultural. 

Se trata de desandar la historia por la cual el protagonismo de los pueblos indígenas y sus múltiples creaciones culturales resultaron sistemáticamente invisibilizados a lo largo de siglos, en el marco de una política que tuvo entre sus principales objetivos degradar, incluso aniquilar, a estos pueblos. Planteado en estos términos, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una invitación para dejar de pensar nuestra historia con las lentes del “conquistador” y comprenderla desde la perspectiva de los pueblos americanos y la enorme diversidad de culturas de nuestra tierra, compuesta por multitud de pueblos indígenas y afrodescendientes aportan y construyen parte de la identidad nacional.

La llegada de los europeos a América a fines del siglo XV produjo estragos en la historia de los pueblos nativos. Su brutal disminución demográfica en este período es uno de los índices contundentes de un sistema de dominación que provocó muertes masivas. Primero como consecuencia de las disputas por la ocupación del territorio y, luego, mediante la implantación de regímenes de explotación de la población o la resignificación de sistemas preexistentes. Ante la multiplicación de las muertes y el deterioro físico causados por estos regímenes en la población nativa, los europeos institucionalizaron la esclavitud en América para emplear bajo esta a las personas africanas y sus descendientes (otra de las fuentes de conformación de la diversidad cultural americana). 

 

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¿Cuál es la historia de la primera mujer wichí en ser médica?

Nacida en 1986 en Embarcación y criada en Santa Victoria Este, en el límite con Bolivia y Paraguay, Tujuayliya Gea Zamora construyó una historia sin precedentes que le valió el reconocimiento de su comunidad y toda la sociedad: es la primera mujer wichí en obtener el título de médica, al que pudo acceder gracias a su perseverancia, una carta a Fidel Castro y una estadía de 6 años en Cuba para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

La vida de Tujuay, como la conocen, tiene un largo y sinuoso recorrido. Pero fue en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando las muertes de niñas y niños wichí recrudecieran por causas vinculadas a la desnutrición. Así, en 2020 y en medio de la pandemia, la médica regresó a su territorio, en el Chaco salteño con una propuesta de experiencia de salud comunitaria que busca generar que las comunidades indígenas participen de las prácticas sanitarias.

Nacida en 1986 en Embarcación y criada en Santa Victoria Este, en el límite con Bolivia y Paraguay, Tujuayliya Gea Zamora construyó una historia sin precedentes que le valió el reconocimiento de su comunidad y toda la sociedad: es la primera mujer wichí en obtener el título de médica, al que pudo acceder gracias a su perseverancia, una carta a Fidel Castro y una estadía de 6 años en Cuba para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

La vida de Tujuay, como la conocen, tiene un largo y sinuoso recorrido. Pero fue en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando las muertes de niñas y niños wichí recrudecieran por causas vinculadas a la desnutrición. Así, en 2020 y en medio de la pandemia, la médica regresó a su territorio, en el Chaco salteño con una propuesta de experiencia de salud comunitaria que busca generar que las comunidades indígenas participen de las prácticas sanitarias.

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