Las repercusiones por el pedido de condena contra Cristina Kirchner

El Gobierno de la Nación emitió un comunicado para condenar la "persecución judicial y mediática" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión en su contra en la causa Vialidad.

Dirigentes políticos, sociales y sindicales se expresaron sobre el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La solicitud fue del fiscal Diego Luciani, a cargo de la causa Vialidad que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz desde entre 2003 y 2015.

Desde el Frente de Todos denunciaron un intento de "proscripción" y el Frente de Izquierda denunció "persecución judicial". 

Comunicado del Gobierno

El Gobierno de la Nación emitió un comunicado para condenar la "persecución judicial y mediática" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

"El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada en el pedido de pena en la denominada Causa Vialidad. Tal como expresó el presidente, Alberto Fernández, en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho", reza el comunicado. 

El mismo cuestiona que "ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta han sido probados" y que "toda la acusación que se le carga se refiera únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno".

"El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas. Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos", finaliza la misiva del Gobierno. 

La palabra del Presidente

Por su parte, el presidente Alberto Fernández eligió sus redes sociales para expresarse en contra del pedido de 12 años de prisión para Cristina Fernández y compartir el comunicado del Gobierno.

"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta", remarcó. 

Massa respaldó a Cristina Fernández

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó el pedido de prisión del fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández al considerar que "es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes".

"Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes", remarcó. 

El Frente de Izquierda denunció persecución judicial

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, afirmó: "El bloque de diputados del FIT expresamos nuestro rechazo al pedido de inhabilitación para Cristina Fernández de Kirchner y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa. Juicios por jurado ante acusaciones de corrupción".

Por su parte, la legisladora Myriam Bregman sostuvo: "Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para Cristina Fernández. Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares".