Myriam Bregman: "El gobierno de CABA hace espionaje ilegal a personas políticas"

La diputada habló de su participación en la causa que investiga el uso ilegal de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con IP Noticias, la diputada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT), Myriam Bregman, se refirió a la causa que vincula al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el supuesto uso de datos biométricos con fines políticos"Tienen que explicar cuál es el motivo que habilita a un funcionario del poder ejecutivo a buscar dónde estoy yo a las 11 de la noche. Acá hay un espionaje ilegal a personas políticas.", advirtió la legisladora.

La investigación por el uso de los datos de reconocimiento facial que obtienen las cámaras de CABA para detectar prófugos volvió al centro de la polémica en los últimos días. Es que, la semana pasada, el juez porteño Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del GCBA, Marcelo D'Alessandro, a que respondiera por las acusaciones de presunto espionaje ilegal a mas de 60 políticos y dirigentes.

Dentro de la lista de personalidades políticas identificadas por el sistema que usa el gobierno porteño se encuentra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, el presidente Alberto Fernández, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y la propia Myriam Bregman, junto a su compañero de banca, Nicolás del Caño, entre otros.

Ante esta situación, según comentó la diputada, ambos tomaron la decisión de presentarse en la causa de espionaje ilegal. Según lo dispuesto por la Justicia, este lunes 18 de abril se extraerán los datos de los servidores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Myrian Bregman criticó el "uso racista y discriminatorio" de datos

El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se trate de alguna de las 40.000 personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). Entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia.

Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación que pactó en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad de la Ciudad. 

Ante esto, la diputada por el FIT también se refirió al margen de error que tienen este tipo de programas de reconocimiento facial y su prohibición en distintas ciudades del mundo, argumentando que en general conducen a un "uso racista y discriminatorio" de los datos.