ARA San Juan: cómo sigue la causa por espionaje a los familiares tras el procesamiento de Macri

El expresidente Mauricio Macri fue procesado por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, en el marco de la causa que lo investiga por el presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Además, la Justicia lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.

Si bien el exmandatario fracasó en dos ocasiones al intentar apartar al juez Bava, la Cámara Federal de Mar del Plata concedió al expresidente el recurso de Casación que habilita la vía para que el reclamo por “prejuzgamiento y temor de parcialidad” llegue a los tribunales federales de Comodoro Py.

Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en la justicia federal de Dolores. En el caso de pasar a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña.

En ese mismo tribunal, aún se tramitan los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Según detalló Página/12, horas antes de que Bava dictara el procesamiento, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, le pidió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para apartar al juez que subroga en Dolores.

Luis Tagliapietra, familiar de una de las víctimas y querellante en la causa, dijo que ahora el expresidente "está embargado y tiene prohibido salir del país" y anticipó que "su defensa va a apelar y veremos qué resuelve la Cámara de Mar del Plata". A su vez, ratificó la intención del exmandatario de "llegar a Casación, donde tienen jueces más amigos, y nosotros seguiremos peleando. Todavía falta mucho".

Y consideró que se debe "cambiar la calificación legal y aplicar la asociación ilícita en virtud de que estos procesados no actuaron de manera autónoma, sino de manera organizada con un fin ilegal. A partir de ese cambio, le correspondería la prisión preventiva a todos".

También expresó que terminarán la denuncia contra la titular del PRO, Patricia Bullrich "por extorsión en grado de tentativa" respecto a la carta que le envió al juez en el primer llamado a indagatoria a Macri y aseguró que evalúan presentar una denuncia penal contra Oscar Aguad "por falso testimonio".

Por su parte, Valeria Carreras, abogada querellante mayoritaria de los familiares de las víctimas, dijo que "desde acá, hay un camino largo en la Justicia", mientras que destacó que "este procesamiento viene a coronar algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es un logro".

Según el Código Procesal Penal de la Nación, una causa penal se inicia cuando una persona presenta una denuncia. Si el juez tiene motivos suficientes para sospechar que el imputado cometió un delito, lo llama a indagatoria y en diez días puede dictar el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento. Este último corresponde cuando el juez tiene elementos suficientes para estimar que el imputado es culpable de haber cometido el delito.

Procesamiento 

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de la primera y única indagatoria a Macri. Si bien fue inicialmente llamado a declarar el 1° de octubre pasado, el exmandatario se presentó el 28 de octubre tras su viaje por Miami, cuando no pudo declarar debido a que la Justicia no contaba con el relevamiento de secreto de inteligencia necesario para hacerlo.

Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre, día en el que Macri se negó a declarar y presentó un escrito en el que aseguró que la imputación en su contra "no tiene pies ni cabeza, y solo encuentra explicación, tristemente, en el escenario electoral en el que nos encontramos".

Sin embargo, el procesamiento llegó tres semanas después de las elecciones generales legislativas del 14 de noviembre y luego de que se rechazara una segunda recusación para apartar a Bava de la causa.

Con Macri ya son doce los procesados en la causa, sumando a la cúpula de la AFI, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. La investigación se inició en septiembre del 2020, con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.