Acampe de la UTT: reclaman el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Tierra

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva a cabo un acampe de varios días frente al Congreso Nacional para reclamar el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Tierra.

Placeholder del video

Esta semana la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva a cabo un acampe de cuatro días frente al Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Según los datos de la organización, el 87% de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras que trabajan porque no pueden acceder a comprar una parcela propia. Esto se traduce en un encarecimiento de los precios de los alimentos frescos.

En diálogo con Página/12, una de las voceras del gremio, Zulma Molloja, expresó: “Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra. El modelo del agronegocio da ganancias extraordinarias, pero genera hambre. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo, el de un campo que alimente”. 

"En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”, planteó Luis Tedesco, referente de la UTT en diálogo con Télam.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra plantea la creación de un sistema de créditos blandos, para que los productores y productoras de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Asimismo, apunta a crear un banco de tierras en el que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.

La asignación de los créditos sería a través de un sistema de puntaje que otorgue prioridad a las mujeres solteras con hijos y a jóvenes, que tengan conocimientos previos de producción agroecológica, y que residan en el mismo municipio donde estén las tierras a adquirir. 

Ahora bien, la idea es que quien reciba uno de estos créditos quede obligado a cumplir con ciertas condiciones: reducir progresivamente el uso de agrotóxicos, residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años. 

¿Quiénes y por qué plantean el proyecto?

Según datos de la UTT, en Argentina cerca del 90% de las familias productoras alquilan la tierra que cultivan. La tierra es uno de los principales factores de la producción de alimentos; es por esta razón que desde los sectores agroecológicos plantean que democratizar este recurso es avanzar hacia la soberanía alimentaria. 

Además, las y los productores familiares se enfrentan a situaciones de irregularidad respecto a los contratos que a su vez generan precariedad e imposibilidad de planificar la producción.

El camino legislativo del proyecto

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra había sido presentado en el Congreso por primera vez bajo la gestión de Mauricio Macri, primero en 2016 y luego en 2018. Fue recién el 22 de octubre de 2020 que se presentó por tercera vez, después del cambio de gobierno. Ahí la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández, cuando en febrero de 2020 recibió a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas. 

Hasta el momento, el proyecto no cuenta con dictamen, por lo que aún falta para poder ser tratado en la Cámara Baja.

Acampe de la UTT: reclaman el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Tierra

Esta semana la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva a cabo un acampe de cuatro días frente al Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Según los datos de la organización, el 87% de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras que trabajan porque no pueden acceder a comprar una parcela propia. Esto se traduce en un encarecimiento de los precios de los alimentos frescos.

En diálogo con Página/12, una de las voceras del gremio, Zulma Molloja, expresó: “Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra. El modelo del agronegocio da ganancias extraordinarias, pero genera hambre. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo, el de un campo que alimente”. 

"En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”, planteó Luis Tedesco, referente de la UTT en diálogo con Télam.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra plantea la creación de un sistema de créditos blandos, para que los productores y productoras de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Asimismo, apunta a crear un banco de tierras en el que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.

La asignación de los créditos sería a través de un sistema de puntaje que otorgue prioridad a las mujeres solteras con hijos y a jóvenes, que tengan conocimientos previos de producción agroecológica, y que residan en el mismo municipio donde estén las tierras a adquirir. 

Ahora bien, la idea es que quien reciba uno de estos créditos quede obligado a cumplir con ciertas condiciones: reducir progresivamente el uso de agrotóxicos, residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años. 

¿Quiénes y por qué plantean el proyecto?

Según datos de la UTT, en Argentina cerca del 90% de las familias productoras alquilan la tierra que cultivan. La tierra es uno de los principales factores de la producción de alimentos; es por esta razón que desde los sectores agroecológicos plantean que democratizar este recurso es avanzar hacia la soberanía alimentaria. 

Además, las y los productores familiares se enfrentan a situaciones de irregularidad respecto a los contratos que a su vez generan precariedad e imposibilidad de planificar la producción.

El camino legislativo del proyecto

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra había sido presentado en el Congreso por primera vez bajo la gestión de Mauricio Macri, primero en 2016 y luego en 2018. Fue recién el 22 de octubre de 2020 que se presentó por tercera vez, después del cambio de gobierno. Ahí la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández, cuando en febrero de 2020 recibió a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas. 

Hasta el momento, el proyecto no cuenta con dictamen, por lo que aún falta para poder ser tratado en la Cámara Baja.

Esta semana la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva a cabo un acampe de cuatro días frente al Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Según los datos de la organización, el 87% de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras que trabajan porque no pueden acceder a comprar una parcela propia. Esto se traduce en un encarecimiento de los precios de los alimentos frescos.

En diálogo con Página/12, una de las voceras del gremio, Zulma Molloja, expresó: “Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra. El modelo del agronegocio da ganancias extraordinarias, pero genera hambre. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo, el de un campo que alimente”. 

"En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”, planteó Luis Tedesco, referente de la UTT en diálogo con Télam.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra plantea la creación de un sistema de créditos blandos, para que los productores y productoras de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Asimismo, apunta a crear un banco de tierras en el que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.

La asignación de los créditos sería a través de un sistema de puntaje que otorgue prioridad a las mujeres solteras con hijos y a jóvenes, que tengan conocimientos previos de producción agroecológica, y que residan en el mismo municipio donde estén las tierras a adquirir. 

Ahora bien, la idea es que quien reciba uno de estos créditos quede obligado a cumplir con ciertas condiciones: reducir progresivamente el uso de agrotóxicos, residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años. 

¿Quiénes y por qué plantean el proyecto?

Según datos de la UTT, en Argentina cerca del 90% de las familias productoras alquilan la tierra que cultivan. La tierra es uno de los principales factores de la producción de alimentos; es por esta razón que desde los sectores agroecológicos plantean que democratizar este recurso es avanzar hacia la soberanía alimentaria. 

Además, las y los productores familiares se enfrentan a situaciones de irregularidad respecto a los contratos que a su vez generan precariedad e imposibilidad de planificar la producción.

El camino legislativo del proyecto

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra había sido presentado en el Congreso por primera vez bajo la gestión de Mauricio Macri, primero en 2016 y luego en 2018. Fue recién el 22 de octubre de 2020 que se presentó por tercera vez, después del cambio de gobierno. Ahí la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández, cuando en febrero de 2020 recibió a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas. 

Hasta el momento, el proyecto no cuenta con dictamen, por lo que aún falta para poder ser tratado en la Cámara Baja.

Leer más