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Eduardo Casal dictaminó "inconstitucional" el DNU que suspendió clases presenciales

Eduardo Casal, el procurador General interino de la Nación, dictaminó que es inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual el presidente Alberto Fernández suspendió el último 19 de abril y hasta este viernes las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Casal sostuvo en su dictamen, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida así, que depende la Ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación, como todas las provincias del país.

Además, el Procurador señaló que el Gobierno Nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como en una pandemia, pero que deben estar fundamentadas. Algo que a su criterio, en este caso no ocurre.

"Considero que las medidas adoptadas mediante el artículo 2°, último párrafo, del decreto 241/21, en lo que concierne a la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado denominado AMBA, no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen", detalla el fallo.

“En este contexto, entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, agrega.

Es ahora la Corte Suprema la que quedó en condiciones de resolver. La opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.

Horas antes a que se haga público el fallo de Casal, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de la contestación a una vista que le dio al alto tribunal, ratificando de esta forma la posición del Gobierno porteño ante la decisión de mantener las escuelas cerradas.

 

Eduardo Casal dictaminó "inconstitucional" el DNU que suspendió clases presenciales

Eduardo Casal, el procurador General interino de la Nación, dictaminó que es inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual el presidente Alberto Fernández suspendió el último 19 de abril y hasta este viernes las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Casal sostuvo en su dictamen, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida así, que depende la Ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación, como todas las provincias del país.

Además, el Procurador señaló que el Gobierno Nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como en una pandemia, pero que deben estar fundamentadas. Algo que a su criterio, en este caso no ocurre.

"Considero que las medidas adoptadas mediante el artículo 2°, último párrafo, del decreto 241/21, en lo que concierne a la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado denominado AMBA, no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen", detalla el fallo.

“En este contexto, entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, agrega.

Es ahora la Corte Suprema la que quedó en condiciones de resolver. La opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.

Horas antes a que se haga público el fallo de Casal, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de la contestación a una vista que le dio al alto tribunal, ratificando de esta forma la posición del Gobierno porteño ante la decisión de mantener las escuelas cerradas.

 

Eduardo Casal, el procurador General interino de la Nación, dictaminó que es inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual el presidente Alberto Fernández suspendió el último 19 de abril y hasta este viernes las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Casal sostuvo en su dictamen, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida así, que depende la Ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación, como todas las provincias del país.

Además, el Procurador señaló que el Gobierno Nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como en una pandemia, pero que deben estar fundamentadas. Algo que a su criterio, en este caso no ocurre.

"Considero que las medidas adoptadas mediante el artículo 2°, último párrafo, del decreto 241/21, en lo que concierne a la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado denominado AMBA, no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen", detalla el fallo.

“En este contexto, entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, agrega.

Es ahora la Corte Suprema la que quedó en condiciones de resolver. La opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.

Horas antes a que se haga público el fallo de Casal, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de la contestación a una vista que le dio al alto tribunal, ratificando de esta forma la posición del Gobierno porteño ante la decisión de mantener las escuelas cerradas.

 

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