Clases presenciales: el Gobierno Nacional presentó sus argumentos a la Corte

El Gobierno Nacional presentó a la Corte Suprema de Justicia sus argumentos por la suspensión de las clases presenciales. La exposición en modo digital fue realizada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). Desde el Gobierno buscan que la Corte falle a favor de la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

Esta medida había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández a través del decreto 241/21 del 15 de abril. La misma no fue acatada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

Una de los principales puntos del escrito sostiene que la continuidad de clases presenciales impactará de manera directa en el aumento de casos de COVID-19. 

Además se especifica que, si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios”.

“La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar”, sostiene el documento.

La Procuración había rechazado el argumento de la Ciudad respecto de una intromisión en su facultad de decisión sobre la educación local. El razonamiento indicó que el derecho a la educación no quedaba cercenado porque existía una medida alternativa en la modalidad de clases virtuales.

 

Clases presenciales: el Gobierno Nacional presentó sus argumentos a la Corte

El Gobierno Nacional presentó a la Corte Suprema de Justicia sus argumentos por la suspensión de las clases presenciales. La exposición en modo digital fue realizada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). Desde el Gobierno buscan que la Corte falle a favor de la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

Esta medida había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández a través del decreto 241/21 del 15 de abril. La misma no fue acatada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

Una de los principales puntos del escrito sostiene que la continuidad de clases presenciales impactará de manera directa en el aumento de casos de COVID-19. 

Además se especifica que, si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios”.

“La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar”, sostiene el documento.

La Procuración había rechazado el argumento de la Ciudad respecto de una intromisión en su facultad de decisión sobre la educación local. El razonamiento indicó que el derecho a la educación no quedaba cercenado porque existía una medida alternativa en la modalidad de clases virtuales.

 

El Gobierno Nacional presentó a la Corte Suprema de Justicia sus argumentos por la suspensión de las clases presenciales. La exposición en modo digital fue realizada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). Desde el Gobierno buscan que la Corte falle a favor de la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

Esta medida había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández a través del decreto 241/21 del 15 de abril. La misma no fue acatada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 

Una de los principales puntos del escrito sostiene que la continuidad de clases presenciales impactará de manera directa en el aumento de casos de COVID-19. 

Además se especifica que, si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios”.

“La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar”, sostiene el documento.

La Procuración había rechazado el argumento de la Ciudad respecto de una intromisión en su facultad de decisión sobre la educación local. El razonamiento indicó que el derecho a la educación no quedaba cercenado porque existía una medida alternativa en la modalidad de clases virtuales.

 

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