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Claves de la batalla judicial entre Nación y CABA por las clases presenciales

El complejo entramado judicial que rodea la polémica entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión o no de las clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, tiene varios niveles de desarrollo e interpretación, legales y políticos. Además, es un escenario que se modifica hora tras hora. 

Hasta el momento, sucedió lo siguiente. El viernes por la mañana, minutos antes de la reunión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos, se supo que el gobierno porteño había presentado ante la Corte Suprema un pedido para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo. El máximo tribunal le pidió a la Procuración que opine si es competente. La respuesta llegó en tiempo récord: el organismo dictaminó que la Corte es competente. Esto no ha cambiado desde el viernes a la tarde, este lunes la Corte iniciará el trámite del expediente pero no hay certezas de cuándo dará a conocer su resolución sobre este tema.

En paralelo a la presentación del gobierno porteño, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires recibió el viernes al menos 5 medidas cautelares pidiendo la nulidad del decreto nacional. Dos de ellos -presentados por un grupo de docentes de la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)- fueron rechazados en primer lugar por el juez Marcelo Segón. Los demandantes interpusieron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y allí la Sala pidió la opinión de la fiscal Karina Cicero, que se pronunció a favor del recurso. Finalmente, resolvió la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli: por votación unánime dictaminaron que el decreto del gobierno nacional “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

En ese punto es que el domingo por la noche Rodriguez Larreta anunció que habría clases presenciales este lunes y toda la semana. El contragolpe del gobierno nacional sucedió por dos vías. Por un lado, la procuración del Tesoro presentó un planteo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara. Aquí interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro lado, el Ministerio de Salud presentó un recurso en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción con el argumento de que se trata de una política sanitaria nacional.

 

Claves de la batalla judicial entre Nación y CABA por las clases presenciales

El complejo entramado judicial que rodea la polémica entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión o no de las clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, tiene varios niveles de desarrollo e interpretación, legales y políticos. Además, es un escenario que se modifica hora tras hora. 

Hasta el momento, sucedió lo siguiente. El viernes por la mañana, minutos antes de la reunión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos, se supo que el gobierno porteño había presentado ante la Corte Suprema un pedido para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo. El máximo tribunal le pidió a la Procuración que opine si es competente. La respuesta llegó en tiempo récord: el organismo dictaminó que la Corte es competente. Esto no ha cambiado desde el viernes a la tarde, este lunes la Corte iniciará el trámite del expediente pero no hay certezas de cuándo dará a conocer su resolución sobre este tema.

En paralelo a la presentación del gobierno porteño, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires recibió el viernes al menos 5 medidas cautelares pidiendo la nulidad del decreto nacional. Dos de ellos -presentados por un grupo de docentes de la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)- fueron rechazados en primer lugar por el juez Marcelo Segón. Los demandantes interpusieron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y allí la Sala pidió la opinión de la fiscal Karina Cicero, que se pronunció a favor del recurso. Finalmente, resolvió la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli: por votación unánime dictaminaron que el decreto del gobierno nacional “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

En ese punto es que el domingo por la noche Rodriguez Larreta anunció que habría clases presenciales este lunes y toda la semana. El contragolpe del gobierno nacional sucedió por dos vías. Por un lado, la procuración del Tesoro presentó un planteo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara. Aquí interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro lado, el Ministerio de Salud presentó un recurso en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción con el argumento de que se trata de una política sanitaria nacional.

 

El complejo entramado judicial que rodea la polémica entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión o no de las clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, tiene varios niveles de desarrollo e interpretación, legales y políticos. Además, es un escenario que se modifica hora tras hora. 

Hasta el momento, sucedió lo siguiente. El viernes por la mañana, minutos antes de la reunión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos, se supo que el gobierno porteño había presentado ante la Corte Suprema un pedido para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo. El máximo tribunal le pidió a la Procuración que opine si es competente. La respuesta llegó en tiempo récord: el organismo dictaminó que la Corte es competente. Esto no ha cambiado desde el viernes a la tarde, este lunes la Corte iniciará el trámite del expediente pero no hay certezas de cuándo dará a conocer su resolución sobre este tema.

En paralelo a la presentación del gobierno porteño, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires recibió el viernes al menos 5 medidas cautelares pidiendo la nulidad del decreto nacional. Dos de ellos -presentados por un grupo de docentes de la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)- fueron rechazados en primer lugar por el juez Marcelo Segón. Los demandantes interpusieron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y allí la Sala pidió la opinión de la fiscal Karina Cicero, que se pronunció a favor del recurso. Finalmente, resolvió la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli: por votación unánime dictaminaron que el decreto del gobierno nacional “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

En ese punto es que el domingo por la noche Rodriguez Larreta anunció que habría clases presenciales este lunes y toda la semana. El contragolpe del gobierno nacional sucedió por dos vías. Por un lado, la procuración del Tesoro presentó un planteo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara. Aquí interviene el juzgado contencioso administrativo federal 2 a cargo de Esteban Furnari. Por otro lado, el Ministerio de Salud presentó un recurso en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción con el argumento de que se trata de una política sanitaria nacional.

 

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