Este viernes, el Gobierno derogó el decreto 70/2017, que modificaba la Ley Migratoria para facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales. Así lo estableció el poder ejecutivo a través del decreto 138/2021 publicado en el Boletín Oficial.
"Saldamos una nueva deuda con la democracia. Volvemos a una política migratoria basada en los derechos humanos y la integración y no en la que teníamos hasta hace pocos días bastada en el control migratorio y criminalización", comentó Patricia Bustamante Quinteros, Abogada Máster en Derechos Humanos en Tarde a Tarde.
Las modificaciones aplicadas a la Ley N ° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina, aplicadas por el Gobierno anterior, "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos", remarcan.
La abogada explica que la expulsión por delitos graves ya existía, pero que este decreto aplicado por el Gobierno de Macri incluyó que "una hasta una contravención" podía ser motivo de la expulsión del país. "Lo que hace que las personas migrantes, queden completamente criminalizadas", explica Bustamante Quinteros.
