Clausuraron la Bombonera, en el marco de la investigación por exceso de aforo

El allanamiento y clausura del estadio "La Bombonera" se realizaron por pedido de la fiscalía especializada en eventos masivos de Celsa Ramírez y fue autorizado por el juez Javier Alejandro Buján.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la policía judicial del Ministerio Público Fiscal, allanó el estadio Alberto J. Armando, "La Bombonera", en el marco de la investigación por el incumplimiento del 50% de aforo permitido para el partido contra Lanús, jugado el último sábado. El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, con el fin de recabar información de las cámaras de seguridad y el sistema de molinetes para la entrada a La Bombonera. Por otro lado, se detectó la venta de al menos 200 entradas apócrifas.

La capacidad autorizada era de 12.500 populares, 12.000 plateadas para abonados y 2000 lugares para socios adherentes. En total, eran unos 26.500 lugares habilitados para no excederse de la capacidad del 50% establecida por el protocolo. Esa cantidad se habría excedido en un 10% y el problema se habría causado sobre la hora del partido, cuando se produjeron aglomeraciones en los accesos y para evitar mayores inconvenientes circuló una mayor cantidad de personas de las permitidas.

Investigaciones sobre el aforo en los estadios de fútbol

Boca se suma de esta manera a la lista de clubes allanados por el mismo motivo, donde ya se encontraban River y Vélez desde el domingo pasado. Estos dos clubes fueron investigados y, a su vez, fueron imputados sus presidentes junto a toda la comisión directiva.

Asimismo, se anunció durante este lunes una nueva investigación sobre el estadio Antonio Vespucio Liberti, sede del club RIver Plate, pero en este caso por el partido entre la Selección Argentina y Uruguay, por Eliminatorias. En dicho evento también se vendieron alrededor de 500 entradas falsas.

Las imputaciones son por los artículos 205 y 239 del Código Penal que refieren a la violación del decreto presidencial y resistencia a la autoridad, respectivamente.