Aborto legal: cómo trabajan en los sistemas de salud para implementar la Ley a un año de su sanción

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) N°27.610 de Argentina fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020. La histórica normativa tuvo un largo recorrido de luchas feministas que lograron su aprobación.

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La lucha por la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de los principios feministas cuya voluntad establece la necesidad de las personas gestantes de tener soberanía sobre el propio cuerpo. Luego de casi 31 años de la formalización de este reclamo a nivel internacional, se celebra que el Poder Ejecutivo nacional sancionó la IVE como un derecho fundamental de todas las personas gestantes del país.

Ideas como la Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzaron gracias a protagonistas como Cecilia Grierson, quien cuestionó los derechos que el Código Civil le atribuía a cualquier mujer a principios del siglo XX. Según sus estudios, las mujeres en 1926 tenían el mismo estatus social legal que un niño, lo cual encontraba inaceptable. De su mano y de todas aquellas que conformaron el Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, el frente femenino batalló por el reconocimiento igualitario de un sistema que solo atendía las necesidades de unos pocos.

En 1990, el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se encargó que el reclamo mundial por la voluntad de decidir sobre un embarazo se solidificara en el “Día mundial por la Despenalización y Legalización del Aborto”, un antecedente importante para el establecimiento de un protocolo seguro para este procedimiento.

El derecho a la Interrupción del Embarazo fue uno de los proyectos más resistidos a nivel internacional y Argentina se sumó donde se autorizaba el procedimiento recién en el 2020. El 24 de enero de 2021, el Presidente Alberto Fernández reafirmó esta decisión mediante la promulgación vía decreto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

"Quiero decir que en un mundo que guarda todavía tantas desigualdades, en un país que guarda desigualdades muy fuertes para las mujeres, esperamos dejarle a las nuevas generaciones un país mucho más igualitario", dijo Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Nación.

Un camino largo después de la sanción

Las activistas e investigadoras siguieron el paso a paso de esta reglamentación: iniciativas como el “Proyecto Mirar” del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), siguen la federalización de la norma y le prestan especial atención a aquellas regiones cuyos representantes avalan operar contra este derecho adquirido.

Durante este primer año, existieron muchos ejemplos de provincias y jurisdicciones que han arremetido contra las barreras de acceso a aquellas personas gestantes que requieren de este procedimiento, ya sea con sanciones legales o sociales para pacientes y quienes realizan el procedimiento.

"A pesar que la ley es obligatoria para cumplir en todo el territorio nacional, no es la misma voluntad política la que existe en cada una de las provincias del país por parte de autoridades sanitarias y de autoridades políticas para hacer cumplir esa ley con toda la plenitud que se debería esperar", contó Silvina Ramos, Investigadora del CEDES.

Según el "MirAR", los servicios públicos de salud aún presentan muchas trabas a la hora de requerir una IVE, especialmente en ciudades y regiones alejadas de las capitales provinciales. Paso a paso, el frente feminista nacional sigue en trabajo por el respeto de una ley que representa una lucha histórica.

Aborto legal: cómo trabajan en los sistemas de salud para implementar la Ley a un año de su sanción

La lucha por la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de los principios feministas cuya voluntad establece la necesidad de las personas gestantes de tener soberanía sobre el propio cuerpo. Luego de casi 31 años de la formalización de este reclamo a nivel internacional, se celebra que el Poder Ejecutivo nacional sancionó la IVE como un derecho fundamental de todas las personas gestantes del país.

Ideas como la Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzaron gracias a protagonistas como Cecilia Grierson, quien cuestionó los derechos que el Código Civil le atribuía a cualquier mujer a principios del siglo XX. Según sus estudios, las mujeres en 1926 tenían el mismo estatus social legal que un niño, lo cual encontraba inaceptable. De su mano y de todas aquellas que conformaron el Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, el frente femenino batalló por el reconocimiento igualitario de un sistema que solo atendía las necesidades de unos pocos.

En 1990, el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se encargó que el reclamo mundial por la voluntad de decidir sobre un embarazo se solidificara en el “Día mundial por la Despenalización y Legalización del Aborto”, un antecedente importante para el establecimiento de un protocolo seguro para este procedimiento.

El derecho a la Interrupción del Embarazo fue uno de los proyectos más resistidos a nivel internacional y Argentina se sumó donde se autorizaba el procedimiento recién en el 2020. El 24 de enero de 2021, el Presidente Alberto Fernández reafirmó esta decisión mediante la promulgación vía decreto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

"Quiero decir que en un mundo que guarda todavía tantas desigualdades, en un país que guarda desigualdades muy fuertes para las mujeres, esperamos dejarle a las nuevas generaciones un país mucho más igualitario", dijo Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Nación.

Un camino largo después de la sanción

Las activistas e investigadoras siguieron el paso a paso de esta reglamentación: iniciativas como el “Proyecto Mirar” del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), siguen la federalización de la norma y le prestan especial atención a aquellas regiones cuyos representantes avalan operar contra este derecho adquirido.

Durante este primer año, existieron muchos ejemplos de provincias y jurisdicciones que han arremetido contra las barreras de acceso a aquellas personas gestantes que requieren de este procedimiento, ya sea con sanciones legales o sociales para pacientes y quienes realizan el procedimiento.

"A pesar que la ley es obligatoria para cumplir en todo el territorio nacional, no es la misma voluntad política la que existe en cada una de las provincias del país por parte de autoridades sanitarias y de autoridades políticas para hacer cumplir esa ley con toda la plenitud que se debería esperar", contó Silvina Ramos, Investigadora del CEDES.

Según el "MirAR", los servicios públicos de salud aún presentan muchas trabas a la hora de requerir una IVE, especialmente en ciudades y regiones alejadas de las capitales provinciales. Paso a paso, el frente feminista nacional sigue en trabajo por el respeto de una ley que representa una lucha histórica.

La lucha por la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de los principios feministas cuya voluntad establece la necesidad de las personas gestantes de tener soberanía sobre el propio cuerpo. Luego de casi 31 años de la formalización de este reclamo a nivel internacional, se celebra que el Poder Ejecutivo nacional sancionó la IVE como un derecho fundamental de todas las personas gestantes del país.

Ideas como la Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzaron gracias a protagonistas como Cecilia Grierson, quien cuestionó los derechos que el Código Civil le atribuía a cualquier mujer a principios del siglo XX. Según sus estudios, las mujeres en 1926 tenían el mismo estatus social legal que un niño, lo cual encontraba inaceptable. De su mano y de todas aquellas que conformaron el Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, el frente femenino batalló por el reconocimiento igualitario de un sistema que solo atendía las necesidades de unos pocos.

En 1990, el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se encargó que el reclamo mundial por la voluntad de decidir sobre un embarazo se solidificara en el “Día mundial por la Despenalización y Legalización del Aborto”, un antecedente importante para el establecimiento de un protocolo seguro para este procedimiento.

El derecho a la Interrupción del Embarazo fue uno de los proyectos más resistidos a nivel internacional y Argentina se sumó donde se autorizaba el procedimiento recién en el 2020. El 24 de enero de 2021, el Presidente Alberto Fernández reafirmó esta decisión mediante la promulgación vía decreto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

"Quiero decir que en un mundo que guarda todavía tantas desigualdades, en un país que guarda desigualdades muy fuertes para las mujeres, esperamos dejarle a las nuevas generaciones un país mucho más igualitario", dijo Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Nación.

Un camino largo después de la sanción

Las activistas e investigadoras siguieron el paso a paso de esta reglamentación: iniciativas como el “Proyecto Mirar” del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), siguen la federalización de la norma y le prestan especial atención a aquellas regiones cuyos representantes avalan operar contra este derecho adquirido.

Durante este primer año, existieron muchos ejemplos de provincias y jurisdicciones que han arremetido contra las barreras de acceso a aquellas personas gestantes que requieren de este procedimiento, ya sea con sanciones legales o sociales para pacientes y quienes realizan el procedimiento.

"A pesar que la ley es obligatoria para cumplir en todo el territorio nacional, no es la misma voluntad política la que existe en cada una de las provincias del país por parte de autoridades sanitarias y de autoridades políticas para hacer cumplir esa ley con toda la plenitud que se debería esperar", contó Silvina Ramos, Investigadora del CEDES.

Según el "MirAR", los servicios públicos de salud aún presentan muchas trabas a la hora de requerir una IVE, especialmente en ciudades y regiones alejadas de las capitales provinciales. Paso a paso, el frente feminista nacional sigue en trabajo por el respeto de una ley que representa una lucha histórica.

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