A un año de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: ¿Cuál es el balance de su aplicación?
La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020. A un año de su aprobación parlamentaria, el Ministerio de Salud detalló que en los primeros 11 meses de 2021 hubieron 32.758 abortos seguros dentro del sistema público. La cifra no incluyó los procedimientos en clínicas privadas, obras sociales y prepagas.
Además, en el primer semestre del año abortaron 25.894 personas gestantes. Unas 6.517 personas solicitaron ayuda a la ONG de contención “Socorristas en Red” y 5.600 de ellas abortaron acompañadas por socorristas. Los datos también indicaron que en seis de cada diez casos, las personas que se sometieron a un aborto tenían entre 18 a 28 años y el 4% eran adolescentes.
¿Qué reguló la IVE?
La ley 27.610 reguló el acceso a la interrupción voluntaria legal del embarazo y atención postaborto de todas las personas con capacidad para gestar. Además, estableció que el aborto se permitirá hasta la semana 14 del proceso gestacional. Fuera de este plazo, sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviera en peligro la vida de la persona gestante.
La normativa estableció que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito rige de manera obligatoria en todo el territorio nacional. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención postaborto más allá de si se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
¿Qué cambios trajo la IVE en el ámbito de la salud?
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva detalló que los hospitales y centros de salud que garantizaron la IVE aumentaron de 903 a 1238 en el último año. Por otra parte, la entrega estatal de misoprostol alcanzó a 46.283 tratamientos en todo el país.
Además, la línea gratuita de consultas por interrupciones de embarazo del Ministerio de Salud (0800-222-3344) llegó a la cifra récord de 19 mil llamados en el período enero-noviembre. Esta cantidad de consultas fue la misma que la línea recibió en diez años, de 2010 a 2020.
En sintonía con este incremento, Salud donó 250 equipos de aspiración manual endouterina. Además, 904 especialistas recibieron capacitación respecto a la ley y sus contenidos técnicos legales. Asimismo, se formó un equipo de abogadas especialistas en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó su aplicación?
Después de la sanción, se iniciaron 36 acciones judiciales en contra, con el argumento de inconstitucionalidad, pero la mayoría fueron rechazadas. La Justicia dio vía libre a los procesos que garanticen la IVE y exigió rendición de cuentas a los profesionales que obstaculizaron su acceso.
De acuerdo con la ley, la objeción de conciencia del médico que se niega a realizar el aborto por convicciones personales, se contempla con la obligación de informar y derivar de buena fe en forma inmediata a otro profesional que garantice la práctica. En este marco, las instituciones privadas fueron las más reacias a cumplir con la IVE: en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Austral del Opus Dei, se negó a hacer una IVE en mayo y tampoco quiso derivar el caso como marca la ley. En este caso, la práctica fue garantizada por el Estado y se facturó el costo de atención al Austral, como indica la normativa vigente.
Los desafíos de la IVE para este año
Los tres grandes desafíos de la IVE para el año que viene son: ampliar la cobertura de personal médico que las atienda, incluirla en la atención primaria de la salud e incorporar mifepristona para combinarla con misoprostol. Por otra parte, se buscará ampliar las campañas de información sobre el derecho de cada persona gestante al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.
Estas medidas intentarán bajar las desigualdades respecto al conocimiento de la ley en distintas partes del territorio. La tasa de aborto que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada 1000 personas gestantes en Argentina, mostró un desequilibrio de acuerdo con la zona. En Buenos Aires, la tasa alcanzó 5.6 y en lugares con menos información como Formosa o Chaco, no superó los 0.9 puntos.
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