Gatillo fácil: casos de violencia institucional en manos de la Policía, en los últimos cinco años

Según datos de CORREPI, los ciudadanos argentinos muertos en manos de la Policía llegan a un caso cada 20 horas. El 38% de estas muertes violentas se relacionan con casos de "gatillo fácil". 

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El caso que ahora se investiga como posible gatillo fácil, del adolescente Lucas González, baleado por la Policía de la Ciudad cuando volvía de jugar el fútbol con unos amigos, en el barrio de Barracas, desató una nueva polémica. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los ciudadanos argentinos muertos en manos del aparato represivo estatal llegan a un caso cada 20 horas. En este mismo informe se detalló que el 38% de estas muertes violentas se relacionan con casos de gatillo fácil.

El pasado 27 de agosto, la CORREPI marchó contra la práctica ilegal y "todas las formas de represión del Estado que provoca una muerte cada 20 horas". La movilización fue acompañada por familiares de víctimas de gatillo fácil y exigió que el Gobierno "tome medidas efectivas que podrían minimizar el poder de fuego de fuerzas represivas que hostigan, persiguen, torturan y matan como forma de disciplinamiento social". 

1. La condena a policías por el crimen de Cristopher Rego

En agosto de este año fue condenado a prisión perpetua el cabo segundo Pablo Miguel Brites por el asesinato del joven Cristopher Rego. El hecho ocurrió en 2018, cuando Rego fue acribillado por la espalda por seguir de largo en un supuesto control vehicular, en Parque Patricios. Brites fue identificado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 como el autor material y la condena fue por "homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de seguridad".

La víctima tenía 26 años y un hijo de apenas 40 días de vida; la familia se movilizó desde el primer momento para lograr una condena de parte de la Justicia. Además, el Tribunal dictó condenas de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por "encubrimiento doblemente agravado" para cuatro agentes de la fuerza que estaban con Brites al momento del hecho. 

2. Luis Chocobar asesino de Juan Pablo Kukoc

El caso de gatillo fácil del agente Luis Chocobar fue uno de los más recordados por ser símbolo de la política represiva durante el macrismo. La Justicia condenó, en mayo de 2021, al agente de la Policía de la Ciudad a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, de 18 años.

Los hechos ocurrieron en el barrio porteño de La Boca, cuando Kukoc asaltó y apuñaló a un turista norteamericano, el 8 de diciembre de 2017. Una cámara de seguridad de la zona captó cómo Chocobar persiguió y mató por la espalda al ladrón que solamente estaba armado con un cuchillo y murió luego de ser trasladado al hospital. El accionar del policía fue apoyado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que junto a Mauricio Macri, visitaron al agente y le brindaron su amparo. 

3. Disparos policiales contra Lucas Cabello

En diciembre de 2019 llegó la condena a 16 años de prisión para el expolicía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por haber baleado a Lucas Cabello. La víctima fue atacada por el policía en noviembre de 2015, frente a su casa del barrio de La Boca. El Tribunal lo sentenció por “intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial”. Como resultado de los disparos de Ayala, Cabello quedó cuadripléjico.

En aquel momento, quien fuera vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, defendió los balazos de Ayala argumentando que habían sido en defensa propia. La Justicia determinó con pruebas que esto no fue así, y también pidió la investigación de Vidal por encubrimiento político y policial. 

Gatillo fácil: casos de violencia institucional en manos de la Policía, en los últimos cinco años

El caso que ahora se investiga como posible gatillo fácil, del adolescente Lucas González, baleado por la Policía de la Ciudad cuando volvía de jugar el fútbol con unos amigos, en el barrio de Barracas, desató una nueva polémica. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los ciudadanos argentinos muertos en manos del aparato represivo estatal llegan a un caso cada 20 horas. En este mismo informe se detalló que el 38% de estas muertes violentas se relacionan con casos de gatillo fácil.

El pasado 27 de agosto, la CORREPI marchó contra la práctica ilegal y "todas las formas de represión del Estado que provoca una muerte cada 20 horas". La movilización fue acompañada por familiares de víctimas de gatillo fácil y exigió que el Gobierno "tome medidas efectivas que podrían minimizar el poder de fuego de fuerzas represivas que hostigan, persiguen, torturan y matan como forma de disciplinamiento social". 

1. La condena a policías por el crimen de Cristopher Rego

En agosto de este año fue condenado a prisión perpetua el cabo segundo Pablo Miguel Brites por el asesinato del joven Cristopher Rego. El hecho ocurrió en 2018, cuando Rego fue acribillado por la espalda por seguir de largo en un supuesto control vehicular, en Parque Patricios. Brites fue identificado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 como el autor material y la condena fue por "homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de seguridad".

La víctima tenía 26 años y un hijo de apenas 40 días de vida; la familia se movilizó desde el primer momento para lograr una condena de parte de la Justicia. Además, el Tribunal dictó condenas de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por "encubrimiento doblemente agravado" para cuatro agentes de la fuerza que estaban con Brites al momento del hecho. 

2. Luis Chocobar asesino de Juan Pablo Kukoc

El caso de gatillo fácil del agente Luis Chocobar fue uno de los más recordados por ser símbolo de la política represiva durante el macrismo. La Justicia condenó, en mayo de 2021, al agente de la Policía de la Ciudad a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, de 18 años.

Los hechos ocurrieron en el barrio porteño de La Boca, cuando Kukoc asaltó y apuñaló a un turista norteamericano, el 8 de diciembre de 2017. Una cámara de seguridad de la zona captó cómo Chocobar persiguió y mató por la espalda al ladrón que solamente estaba armado con un cuchillo y murió luego de ser trasladado al hospital. El accionar del policía fue apoyado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que junto a Mauricio Macri, visitaron al agente y le brindaron su amparo. 

3. Disparos policiales contra Lucas Cabello

En diciembre de 2019 llegó la condena a 16 años de prisión para el expolicía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por haber baleado a Lucas Cabello. La víctima fue atacada por el policía en noviembre de 2015, frente a su casa del barrio de La Boca. El Tribunal lo sentenció por “intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial”. Como resultado de los disparos de Ayala, Cabello quedó cuadripléjico.

En aquel momento, quien fuera vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, defendió los balazos de Ayala argumentando que habían sido en defensa propia. La Justicia determinó con pruebas que esto no fue así, y también pidió la investigación de Vidal por encubrimiento político y policial. 

El caso que ahora se investiga como posible gatillo fácil, del adolescente Lucas González, baleado por la Policía de la Ciudad cuando volvía de jugar el fútbol con unos amigos, en el barrio de Barracas, desató una nueva polémica. Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los ciudadanos argentinos muertos en manos del aparato represivo estatal llegan a un caso cada 20 horas. En este mismo informe se detalló que el 38% de estas muertes violentas se relacionan con casos de gatillo fácil.

El pasado 27 de agosto, la CORREPI marchó contra la práctica ilegal y "todas las formas de represión del Estado que provoca una muerte cada 20 horas". La movilización fue acompañada por familiares de víctimas de gatillo fácil y exigió que el Gobierno "tome medidas efectivas que podrían minimizar el poder de fuego de fuerzas represivas que hostigan, persiguen, torturan y matan como forma de disciplinamiento social". 

1. La condena a policías por el crimen de Cristopher Rego

En agosto de este año fue condenado a prisión perpetua el cabo segundo Pablo Miguel Brites por el asesinato del joven Cristopher Rego. El hecho ocurrió en 2018, cuando Rego fue acribillado por la espalda por seguir de largo en un supuesto control vehicular, en Parque Patricios. Brites fue identificado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 como el autor material y la condena fue por "homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de seguridad".

La víctima tenía 26 años y un hijo de apenas 40 días de vida; la familia se movilizó desde el primer momento para lograr una condena de parte de la Justicia. Además, el Tribunal dictó condenas de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por "encubrimiento doblemente agravado" para cuatro agentes de la fuerza que estaban con Brites al momento del hecho. 

2. Luis Chocobar asesino de Juan Pablo Kukoc

El caso de gatillo fácil del agente Luis Chocobar fue uno de los más recordados por ser símbolo de la política represiva durante el macrismo. La Justicia condenó, en mayo de 2021, al agente de la Policía de la Ciudad a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, de 18 años.

Los hechos ocurrieron en el barrio porteño de La Boca, cuando Kukoc asaltó y apuñaló a un turista norteamericano, el 8 de diciembre de 2017. Una cámara de seguridad de la zona captó cómo Chocobar persiguió y mató por la espalda al ladrón que solamente estaba armado con un cuchillo y murió luego de ser trasladado al hospital. El accionar del policía fue apoyado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que junto a Mauricio Macri, visitaron al agente y le brindaron su amparo. 

3. Disparos policiales contra Lucas Cabello

En diciembre de 2019 llegó la condena a 16 años de prisión para el expolicía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por haber baleado a Lucas Cabello. La víctima fue atacada por el policía en noviembre de 2015, frente a su casa del barrio de La Boca. El Tribunal lo sentenció por “intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial”. Como resultado de los disparos de Ayala, Cabello quedó cuadripléjico.

En aquel momento, quien fuera vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, defendió los balazos de Ayala argumentando que habían sido en defensa propia. La Justicia determinó con pruebas que esto no fue así, y también pidió la investigación de Vidal por encubrimiento político y policial. 

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